De la justicia (2/3)

Escribí en el anterior Pesos y Contrapesos que la delincuencia está desatada, muestra, en primer lugar, del fracaso de las familias para formar personas capaces de la práctica de la justicia, de respetar los derechos de los demás, condición de la convivencia.

En segundo lugar es muestra del fracaso del Gobierno en lo relacionado con su tarea esencial, a la que no puede renunciar sin dejar de serlo, por más que siga siendo desde petrolero hasta educador y un largo etcétera. Esa tarea es la impartición de justicia, que tiene un componente a priori: prohibir violar derechos y evitar su violación, y otro a posteriori: castigar a quien los viole y obligarlo a resarcir, impartición de justicia que siempre será, en mayor o menor medida, ineficaz.

¿Qué se necesita para que el gobierno garantice a todos los ciudadanos, todo el tiempo, el respeto de todos sus derechos? Que sea omnipresente, tanto en el tiempo como en el espacio, y que sea omnipotente, siempre más poderoso que los delincuentes. Ningún gobierno, por honestos y eficaces que sean los gobernantes, puede garantizarle a todas las personas, todo el tiempo, el respeto de todos sus derechos. Todos los gobiernos son, en mayor o menor medida, ineficaces, incapaces de realizar con total eficacia sus tareas esenciales. Todos los gobiernos son, en algún grado, gobiernos fallidos, como lo es hoy el mexicano, comenzando al nivel Federal, siguiendo al nivel estatal, hasta llegar al nivel municipal. Hoy lo que priva es la práctica de la injusticia, de parte de los ciudadanos, y la no impartición de justicia, de parte del Gobierno, pinza que hace que el Estado de derecho, que debe ser Estado de justicia, sea Estado de chueco, Estado de injusticia.

Según la organización Impunidad Cero, en México sólo 6.4 de cada 100 delitos se denuncian, y sólo en 14 de cada 100 delitos denunciados se hace justicia. Ello quiere decir que sólo 0.9% de los delitos cometidos se castigan. ¿Por qué razón? Por una de dos: o porque el Gobierno no quiere impartir justicia, y la causa podría ser que esté coludido con los delincuentes, o porque el Gobierno no puede impartir justicia, pudiendo ser la causa la falta de recursos, desde humanos hasta materiales. La primera razón es ética. La segunda económica.

La ineficaz impartición de justicia, ¿se deberá a falta de recursos? Si lo es, sobra tela de donde cortar. Este año solamente 8% del gasto del sector público federal se destinará a las tareas propias del Gobierno, las que tienen que ver con la impartición de justicia, tanto a priori como a posteriori. Un 67% se destinará a gasto social y el restante 25% a desarrollo económico.

Del gasto total del sector público federal sólo 8% se destinará a lo relacionado con la impartición de injusticia, misma que deja mucho que desear, lo cual puede deberse, no a que el Gobierno no quiera impartirla (¿será el caso?), si no a que no pueda hacerlo, lo cual puede deberse a falta de recursos, y no porque no haya dinero, sino porque la mayor parte del presupuesto de destina a tareas que no son las esenciales del Gobierno, relacionadas con la impartición de justicia.

¿Se justifica que estando la impartición de justicia en las lamentables condiciones en las que está, gobierno destine el 92% de su presupuesto a tareas que nada tienen que ver con ella, su tarea esencial?

Continuará.