Si queríamos un ejemplo nítido, elocuente e irrefutable de que la aplicación de la justicia está al servicio del poder, lo tuvimos la semana pasada con la sentencia de 24 años de cárcel al ex gerente de la discoteca News Divine.

Y es prueba, también, de que movimientos juveniles “apartidistas”, como #YoSoy132, fueron creados con propósitos electorales al servicio de la causa personal de un candidato.

Ningún funcionario capitalino está en la cárcel por la muerte de una decena de jóvenes que perecieron asfixiados en una redada anticonstitucional.

¿Quién defiende la memoria de esos jóvenes y adolescentes que fueron asesinados por el abuso de autoridades capitalinas que buscaban extorsionarlos?

Nadie. Ni la “izquierda”, beneficiaria de la sentencia judicial que carga toda la culpa en un chivo expiatorio y deja intocados a funcionarios de un gobierno suyo, ni el #132 que está muy ocupado en seguir la causa de su derrotado candidato presidencial.

El pecado de los que murieron el 20 de junio de 2008 era ser jóvenes y ser pobres.

La policía capitalina hizo la redada para extorsionarlos. Ahí no se cometía ningún delito. Los sobrevivientes fueron llevados a una agencia del Ministerio Público para chantajear a sus padres. Fueron tratados como delincuentes.

En el local no se encontró droga, sino unas cuantas latas de cervezas en el piso y nada más. Alguien tenía que pagar las culpas de las muertes, y no fueron los jefes policiacos que ordenaron la redada, sino el gerente del local.

Los que murieron esa noche tienen nombres y apellidos: Eredi Pérez Sánchez, de 19 años; Mario Quiroz Rodríguez, de 19 años; Rafael Morales Bravo, de 18; Isis Cabrera Tapia, de 16; Mario Alberto Ramos Muñoz, de 22; Daniel Alan Ascorbe Domínguez, de 15 años; Alejandro Piedra, de 14; Leonardo Amador Rivas, también de 14; y Érica Rocha, de 13 años.

Esa noche, como bien recuerda Luis de la Barreda (La Razón, viernes 3 de agosto), los muchachos recibieron la orden de salir para extorsionarlos o subirlos a los camiones que los llevarían al Ministerio Público.

El transporte fue insuficiente y los comandantes que realizaban la redada (anticonstitucional) ordenaron cerrar las puertas del News Divine mientras llegaban más camiones para continuar el operativo.

Ahí se produjo la muerte por asfixia de los jóvenes que querían salir y las puertas habían sido trancadas por la policía.

Los que realizaron la redada para extorsionar y las autoridades del MP que exigieron dinero a los padres de los detenidos, no pisaron la cárcel.

Y el gerente del local donde no se cometía ningún delito, fue sentenciado a 24 años de cárcel.

El juez Prudencio Jorge González Tenorio dictó la condena y cerró el caso.

Ninguna voz, salvo las del periodista Sergio Sarmiento y el ex ombudsman del DF, Luis de la Barreda Solórzano, se ha alzado ante esa vergüenza.

phl@razon.com.mx
Twitter: @phiriart