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Pedro Sánchez Rodríguez Pedro Sánchez Rodríguez
 
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La transparencia limitada

Pedro Sánchez Rodríguez

 

México tiene la mejor ley de acceso a la información pública del mundo. Así lo indica el Rating de legislación sobre acceso a la información, hecho por el Centre for Law and Democracy y Access to Info Europe. La consolidación de esta ley no se dio sino luego de pasos graduales. La alternancia presidencial en México del 2000, fue seguida de la promulgación en 2002 de la primera ley que reglamentó el acceso a la información ya contemplado desde 1977 en la Constitución.

2015 es el último checkpoint en la historia del acceso a la información pública en México. La ley aprobada por el Congreso, es resultado del proyecto de un importante número de ciudadanos y organizaciones civiles que estudiaron el acceso a la información en otros países y también es producto de un buen número de tijeretazos de los legisladores a ese proyecto. Aún así, el resultado parece haber sido por lo menos, satisfactorio, considerando la calificación de México en el rating que mencioné más arriba.

Pero, ¿qué pasa con una ley de altísima calidad promulgada en un país cuyo estado de derecho es miserable y cuya impunidad es elevada y constante?

¿Qué pasa con una sublime ley de acceso a la información en un país cuya libertad de prensa está comprometida por su funcionamiento en un mercado oligopólico; por la intromisión, directa o indirecta, pero siempre violenta del gobierno y otros poderes fácticos o ilegales como los cárteles de la droga?

¿Qué pasa con la implementación de una excelente ley de acceso a la información en un país cuyas alternancias locales no son percibidas como un castigo ciudadano y por lo tanto un recurso disuasivo para evitar que los gobernadores y sus funcionarios continúen extrayendo rentas por encima de lo establecido por la ley y lo tolerado por el electorado?

El resultado es una sobresaliente ley de acceso a la información que no funcionará para combatir la corrupción. Primero, porque un país con estas condiciones no puede presumir de contar con instituciones que induzcan la rendición de cuentas. Segundo, porque si bien la ley en tinta es medallista de oro, su implementación no ha tenido el éxito que han tenido otros países, con leyes menos reconocidas. El gobierno mexicano no es precisamente transparente.

Lo que quiero decir con esto es que la evolución de las instituciones democráticas en el país, así como la evolución de las políticas de transparencia, no han sido acompañadas de otras reformas a los sistemas de justicia penal y civil que eleven la calidad del estado de derecho a uno que concuerde con el esfuerzo en materia de transparencia que se ha hecho; que nuestro sistema político y electoral no termina por traducir efectivamente el castigo a un gobernante o partido en las elecciones y que su evolución y buena calidad no ha avanzado paralelamente con el avance en materia de acceso a la información y, que la libertad de prensa no ha sido garantizada con la misma vehemencia con la cual se procura el derecho a saber. Las razones por las cuáles estos cambios necesarios no han evolucionado al ritmo esperado pueden ser estudiadas de distintas maneras, pero creo que hay una pregunta, de entre muchas, que es importante:

¿Bajo qué circunstancias nuestros representantes se atarían las manos construyendo para sí mismos y en el Congreso mecanismos de castigo a sus acciones?

En países desarrollados como Austria, Alemania o Francia las leyes de acceso a la información no son el principal medio para elevar la transparencia de sus gobiernos. Los representantes voluntariamente publican habitualmente en sus sitios de internet y redes sociales, a las personas con las que se reúnen y el horario, tienen sesiones a puertas abiertas, publican también las iniciativas de ley y sus votaciones, así como el objeto de investigaciones que realiza el gobierno y con qué objeto. La razón por la que lo hacen parte de una premisa fundamental: la información es útil para que los ciudadanos puedan distinguir a buenos representantes de los malos, por lo que los representantes están dispuestos a divulgar información voluntariamente si eso les lleva a tener una ventaja electoral contra sus adversarios.

¿Qué pasa en países como México? La mayoría de los representantes no divulga información relevante para los votantes a menos de que sea por medio de solicitudes de información. Las cuales requieren que el solicitante conozca la dependencia, área, dirección y lugar exacto al cual debe preguntar para conseguir la información que necesita. Lo anterior vuelve muy costoso para un ciudadano conocer de manera ágil las acciones de sus representantes.

Por ello, la distinción de México como poseedor de la mejor ley de acceso a la información es más bien un síntoma de la opacidad de nuestros representantes, de la mala calidad de nuestros sistemas de justicia para castigar la corrupción, la inefectividad de nuestro sistema electoral de traducir los votos en castigos. Quizás nuestros gobernantes sabiendo esto es que se animaron a aprobar una ley de tan robusta calidad. Sumado a ello también es sintomático que necesitemos de una ley de acceso a la información para conocer ampliamente sobre las acciones de nuestros representantes, puede que esto se deba al poco interés que tienen nuestros políticos por representarnos y distinguirse los unos de los otros.

@hastaelPeter




 
 
 
 
fecha 24 de marzo de 2017 01:12
ultima modificacion Ultima modificación: 22:12
autor Por: Pedro Sánchez Rodríguez
 
 
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