Loretta solicita suspender a faltistas; Lenia, frenar pagos

Tras reiterar su postura de que es ilegal el paro de labores en juzgados y tribunales, porque violan derechos humanos de la población, Loretta Ortiz Ahlf, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sostuvo que se debería dar la destitución de quienes se sigan negando a impartir justicia, mientras que la también ministra, Lenia Batres, aseguró que 34 días de paro han ocasionado un daño económico de más de seis mil 400 millones de pesos.

“Es ilegal el paro de labores de juzgados y tribunales federales, porque el acceso a la justicia es un derecho humano y un servicio público que nunca se puede suspender”, dijo Ortiz Ahlf, quien señaló que los inconformes “no pueden extorsionar” por la aplicación de una ley.

La ministra tachó de “increíble que hay cantidad de temas que involucran tráfico de menores, trata de personas, violencia contra las mujeres, todo suspendido. ¿Por un paro?”.

En entrevista que dio para el programa “Telereportaje”, de la estación de radio local en Tabasco XEVT, Ortiz Ahlf defendió la reforma recientemente aprobada por ambas cámaras del Congreso.

Asimismo, acusó que jueces y magistrados se protegen entre ellos, y dijo que cuando era integrante del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), le tocó el caso de un magistrado que llevaba once violaciones y no fue sancionado.

Respecto de las agresiones a su persona que ha recibido en días recientes, por su postura a favor de la reforma judicial, dijo no temer por su vida. Ello, luego de que en días recientes circularan videos de su llegada a la SCJN y al aeropuerto de Monterrey, Nuevo León, donde manifestantes en contra de la enmienda la abuchearon y le gritaron ¡fuera, fuera!, lo que motivó que el máximo tribunal del país condenara el intento de agresión en su contra.

La ministra reconoció que al interior del Poder Judicial “sí hay casos de corrupción, pero la mayor parte del personal judicial no es corrupto y tiene vocación”, aunque apuntó que si es necesaria una reforma a las fiscalías para complementar la enmienda constitucional.

Por separado, la ministra Lenia Batres aseguró que en 34 días de suspensión de labores de Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación (PJF) se ha ocasionado un daño económico de seis mil 419 millones 690 mil 84 pesos.

En una serie de mensajes en sus redes sociales, señaló que el Poder Judicial de la Federación tiene un presupuesto de 78 mil 327 millones 278 mil 245 pesos este año, de los cuales los tribunales colegiados de circuito y los juzgados de distrito erogan 68 mil 917 millones 261 mil 195 pesos.

“Lo anterior quiere decir que cada día que han suspendido sus labores los tribunales y los juzgados del PJF nos han costado 188 millones 814 mil 414 pesos”, señaló la llamada “ministra del pueblo”.

Batres Guadarrama señaló que, por esa razón, el paro de 34 días ha ocasionado un daño a la ciudadanía por el gasto de un servicio que no ha proporcionado.

“El PJF ha dejado de garantizar el acceso a la justicia. Se abandonaron 440 mil juicios de amparo pendientes. Mientras en agosto de 2023 se resolvieron 113 mil 246 asuntos en juzgados y tribunales, en agosto de este año, apenas se resolvieron 14 mil 81 asuntos, y falta ver el corte de septiembre.

“Además del daño económico y el abandono de las obligaciones en la impartición de justicia, en los últimos meses se han registrado actos de violencia que han dejado daños materiales y agresiones contra quienes nos hemos manifestado a favor de la reforma: legisladores, ministras y el Presidente de la República”, añadió.

Batres sostuvo que la SCJN y el CJF deben asumir su responsabilidad, como cabeza del Poder Judicial de la Federación, para, en primer orden, garantizar la reanudación inmediata de actividades jurisdiccionales.

Asimismo, hizo un llamado a suspender los salarios de quienes insistan en el ilegal paro de labores, y sancionar a quienes han incurrido en acciones violentas e incluso en la comisión de delitos durante las protestas.

“La inacción reiterada de la SCJN y del CJF sólo puede revelar una estrategia deliberada de promoción de la violencia. La voluntad popular ya se expresó en las urnas y en el Congreso de la Unión con la aprobación de la reforma judicial. Toca a los poderes del Estado hacerla valer y resguardar el orden constitucional.

“Nuestro pueblo ha dado muestra de poder transformar su régimen político de manera pacífica y democrática. Quienes encabezamos las instituciones del Estado mexicano tenemos el reto de estar a la altura de nuestro pueblo”, concluyó.

Jueza ordena a Ejecutivo retire publicación

Nancy Juárez Salas, jueza federal con sede en Coatzacoalcos, Veracruz, concedió una suspensión definitiva que ordena al Presidente Andrés Manuel López Obrador y al director del Diario Oficial de la Federación (DOF) eliminar la publicación de la reforma judicial que se hizo el 15 de septiembre.

Aunque no ha trascendido mayor información, fuentes judiciales confirmaron a La Razón, que “si hay una nueva orden, ésta es de una jueza federal en Coatzacoalcos”.

Recientemente la jueza que emitió esta suspensión definitiva señaló que el paro del Poder Judicial es una medida extrema en respuesta a una amenaza extrema ante el intento “de desmantelar los principios que (la clase política) prometieron proteger. El futuro del país está en juego”, y por ello no permitirán que la justicia sea “sacrificada en el altar del poder”.

Afirmó que, como jueces, la lealtad es siempre y debe ser, por la justicia, con la verdad y con los derechos “inalienables de todos los ciudadanos del pueblo mexicano”.

Añadió que es deber de los jueces y responsabilidad ser parte de esta lucha: “Que éste sea un momento de reflexión, pero también de acción, que la voz se escuche alto y claro, la justicia no se vende, no se subyuga y no se silencia”.

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LMCT