En este 2022, la política cultural del país estuvo caracterizada por la realización de la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible (Mondiacult), que tuvo lugar en México tras 40 años de no realizarse. Se analizaron aspectos como los derechos de los artistas y trabajadores del sector, lo cual contrastó con las denuncias que meses después se harían ante el incumplimiento de pagos por parte de la Secretaría de Cultura federal.
La Mondiacult convocó durante tres días a ministros y secretarios de Cultura de 117 países, quienes debatieron desde aspectos como el saqueo cultural y la protección del patrimonio, hasta la crisis en el sector derivada de la pandemia, y cómo garantizar mejores condiciones laborales para los artistas y trabajadores.
No estuvo exenta de reclamos por la guerra en Ucrania como el protagonizado por Rusia, Alemania y Reino Unido, cuyos ministros intercambiaron una serie de acusaciones. El último día, cuando se realizó la sesión plenaria de la Mondiacult y ya se había aprobado la Declaración Final, 48 países se levantaron durante la intervención del ministro de Cultura de Rusia, Sergey Obryvalin.
Entre los acuerdos que se plasmaron en la Declaración Final destacaron la solicitud a la UNESCO para que intensificara acciones para acabar con el tráfico ilegal de bienes culturales, la petición de que se promueva la aplicación efectiva de los marcos jurídicos y políticas existentes para el retorno de bienes culturales a sus países de origen, un llamado para la protección del patrimonio cultural, material e inmaterial en tiempos de crisis y la condena de las acciones dirigidas contra la cultura en conflictos armados.
Sin embargo, analistas consideraron que sólo se trató de propuestas de buenas intenciones, pues en el documento de 22 puntos, no se establecieron marcos de acción para fortalecer las políticas públicas en el sector cultural.
En el país, meses después, lo discutido en Mondiacult quedó en el olvido. A pesar de que Audrey Azoulay, directora de la UNESCO, habló acerca de que durante la crisis sanitaria la vulnerabilidad y precarización de artistas, creadores y trabajadores de la cultura se precarizó, hubo denuncias sobre retrasos de pagos por parte de la Secretaría de Cultura.
El 28 de noviembre, el coreógrafo Sergio Valentín denunció en La Razón que al menos 16 compañías beneficiadas con el programa Circuito Nacional de Artes Escénicas Chapultepec Danza y Espacios Autogestivos, desde hace dos meses esperaban sus pagos y debido a los retrasos se habían visto obligados a cancelar funciones y reprogramar, lo cual incrementaba los gastos. Días después, el diario Excélsior documentó que también existían impagos en el Circuito Nacional de Artes Escénicas en Espacios Independientes, donde eran 200 los afectados.
En los museos que dependen del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, los adeudos a la empresa SEICSA afectaron la operación porque vigilantes no acudieron a laborar por los retrasos en salarios, tal como lo reportó este diario el pasado 17 de noviembre, cuando en el Museo Nacional de Arte sólo se presentaron 20 de los 70 vigilantes.
Lo mismo ocurrió en el Museo Tamayo, donde el artista Miguel Calderón denunció que una de las salas donde se exhibía su obra estaba cerrada debido a la falta de vigilantes. Días después, el diario Reforma reportó que había más salas en la misma situación.