Si bien los casos de abuso policial o detenciones arbitrarias son una práctica que aún ocurre en México —como el reciente caso del joven veracruzano de 21 años, José Eduardo, quien murió tras ser detenido, golpeado y abusado por policías municipales en Mérida, Yucatán—, no toda la población tiene el mismo riesgo de ser víctima de estos actos, pues las corporaciones policiacas tienen prácticas discriminatorias, advirtió Edith Olivares, directora de Amnistía Internacional.
“No todas las personas estamos en igual riesgo de ser detenidas arbitrariamente. Hay prácticas discriminatorias muy claras con las que actúan las corporaciones policiales, con prácticas basadas en el género, en la etnia, la orientación sexual o en la apariencia de la orientación sexual”, explicó.
En entrevista con La Razón, la directora ejecutiva explicó que el uso de redes sociales ha permitido divulgar este tipo de actos con mayor facilidad, por lo que ahora “prácticamente ningún Estado ni Gobierno” puede mantener ocultas algunas de las violaciones a los derechos humanos que se cometen; sin embargo, destacó, resulta “lamentable” que los ciudadanos tengan que acudir a estas herramientas para atender estas agresiones con “prontitud”, dadas las carencias de las dependencias encargadas de ello.
Por separado, Genaro Ahumada, de Causa en Común, recordó que hace cerca de año y medio el Gobierno federal anunció —por motivos de austeridad— la suspensión de diversas actividades del Inegi, entre ellas el levantamiento de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (Enpol), en donde se informaría periódicamente sobre abuso policial en nuestro país, lo cual calificó como lamentable.
“La austeridad es importante, pero cuando se trata de limitar información con la que se pueden tomar decisiones importantes en materia de política pública, puede ser contraproducente”, destacó, al explicar que una de las sugerencias de la organización ante este tipo de hechos es la generación de mecanismos de supervisión policial ciudadana.