El periodista Antonio de la Cruz fue asesinado la mañana de este miércoles afuera de su domicilio en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Durante el ataque también resultó gravemente herida su hija, Cinthya, de 23 años de edad.
Con este crimen en contra de quien, además de reportero, era vocero del partido Movimiento Ciudadano en la entidad, sube a 12 el número de periodistas asesinados en lo que va del año.
Testigos señalaron que Antonio de la Cruz fue atacado a balazos cuando salía de su casa, ubicada en la calle Puerta de la Luna, del fraccionamiento Puerta de Tamatán, en Ciudad Victoria, por dos sujetos que iban a bordo de una motocicleta.
Según los primeros reportes, De la Cruz recibió cuatro impactos de bala calibre 9 milímetros, mientras que su hija recibió un disparo en la cabeza, por lo que se encuentra internada en el Hospital General de Ciudad Victoria.
El gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, condenó el asesinato del periodista, al tiempo que indicó que solicitó al titular de la Fiscalía General de Justicia del estado, Irving Barrios Mojica, esclarecer “este cobarde crimen” para que no quede impune.
“Mis condolencias a familiares, amigos y colegas del periodista Antonio de la Cruz. Desde el Gobierno de Tamaulipas condenamos enérgicamente su asesinato”, escribió en su cuenta de Twitter.
En tanto, el periódico Expreso-La Razón, en el que De la Cruz trabajó durante más de 20 años, condenó el crimen y en su página web expresó: “Ante este nuevo hecho de violencia, el grupo editorial Expreso-La Razón exige a las autoridades de todos los niveles que se haga justicia”.
A su vez, el alcalde de Ciudad Victoría, Eduardo Gattás, lamentó el homicidio del comunicador e indicó que se realizarán las investigaciones necesarias en torno al caso para dar con los responsables.
De igual forma, el gobernador electo de Tamaulipas, Américo Villarreal, afirmó que estos hechos no pueden ser tolerados y exigió a la Fiscalía de Tamaulipas y a las autoridades esclarecer el crimen.
Por el homicidio, la Fiscalía de Tamaulipas inició una investigación conforme al Protocolo Homologado de Investigación de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión.
Además, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra de la Libertad de Expresión, adscrita a la Fiscalía General de la República, abrió una carpeta de investigación para iniciar por su cuenta las indagaciones correspondientes.
La FGR informó que solicitará a su similar de Tamaulipas la carpeta de investigación abierta en el fuero común, a fin de obtener de ella toda la información indispensable para nutrir la investigación.
Al respecto, la organización civil Artículo 19 pidió que la indagatoria por parte de las tres instituciones sea “diligente y objetiva”, y que tome como eje principal de estos crímenes la labor informativa de Antonio.
La organización pidió al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras y Periodistas que “contacte a la familia, colegas del medio y de la entidad, para brindarles de manera urgente las medidas de protección necesarias”.
Antonio de la Cruz, dúodecimo comunicador ultimado en lo que va del año, cubría temas de nota roja, agropecuarios y de medio ambiente, además era muy crítico del gobierno en sus redes sociales.
Por otro lado, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) ha abierto una carpeta de investigación para iniciar las indagaciones del caso sobre el asesinato de Antonio de la Cruz, reportero del periódico Expreso en Tamaulipas.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que solicitará la carpeta de investigación, con la finalidad de obtener de ella toda la información indispensable para esta indagatoria.
En un tarjeta informativa señaló que los avances correspondientes se irán dando a conocer paulatinamente, conforme sea posible.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 9, cuando hombres armados atacaron De la Cruz, quien iba saliendo de su domicilio ubicado en el fraccionamiento Puerta de Tamatán, Ciudad Victoria.
Panorama gris en México: Reporteros sin Fronteras
Balbina Flores, representante en México de la Organización Reporteros sin Fronteras (RSF), aseguró que el panorama de violencia en México contra periodistas, es bastante complejo y gris porque no se ve que se detenga.
“Lo que estamos haciendo es monitoreando la situación y hasta el momento —en el caso de Antonio— es que su hija está en un hospital, ya que fue herida”, destacó.
La activista detalló que el gobierno sólo reacciona a hechos consumados, así como pronunciarse, pero sin más acciones preventivas para evitar que estos hechos sigan sucediendo en el país. Además, aseguró que la Secretaría de Gobernación tiene muy bien detectadas las zonas de mayor riesgo, que puedan representar un peligro para los periodistas.
“Si se tienen ya mapeados estos sitios, se debería hacer una intervención preventiva y evitar peligros. El Mecanismo de Protección a Periodistas que tiene mil 500 personas inscritas funciona, pero muestran que no es suficiente, y que debe ir más allá con los gobiernos de los estados, pues no se puede dividir la responsabilidad, debe ser compartida, peor no se hace”, aseveró.
Balbina Flores sostuvo que El Mecanismo se debe fortalecer haciendo una revisión profunda de sus acciones, tales como implementación, operación y recursos, aparte de requerir mayor visibilidad.
Van 62 comunicadores asesinados en el sexenio
El asesinato de Antonio de la Cruz no sólo representa el décimo segundo asesinato de periodistas en lo que va del 2022, sino, también, el número 62 para el sexenio del Presidente Andrés Manuel López Obrador, en el que prevalece la falta de castigo a los agresores.
El 27 de enero, cuando el país ya contaba los crímenes con los que les arrebataron la vida a José Luis Gamboa, Margarito Esquivel y Lourdes Maldonado, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, informó que durante la actual administración se tenían contabilizados 52 homicidios contra representantes de la prensa mexicana.
Cuatro días después, tres personas tocaron la puerta de las instalaciones de Monitor Michoacán, en Zitácuaro, y, al introducirse los agresores, Roberto Toledo recibió varios disparos que acabaron con su vida, “aunque pudo ser cualquiera”, dijo entonces, en entrevista con La Razón, Armando López Linares, director de ese medio, y quien también fue ultimado el pasado 15 de marzo.
Apenas había transcurrido una semana del asesinato de Toledo, cuando Marco Ernesto Islas Flores también fue privado de la vida en Baja California, el 6 de febrero.
Alrededor del hecho se generó un debate, debido a que las autoridades y otros medios no lo consideraron parte de los crímenes cometidos contra la prensa debido a que, al momento de su muerte, ya no ejercía el periodismo, dijo su padre, el periodista local Marco Antonio Islas, del portal Zona Norte Noticias.
El 11 del mismo mes, Heber López se sumó a la lista, luego de que dos hombres armados irrumpieron en su estudio de grabación, ubicado en Salina Cruz, Oaxaca, y le dispararon.
El siguiente homicidio de un comunicador ocurrió el 24 de febrero, contra Jorge Camero, director del portal El Informativo, y quien hasta una semana antes del crimen fue secretario particular del alcalde de Empalme, Sonora, Luis Fuentes Aguilar.
Durante marzo se cometieron dos más: el de Juan Carlos Muñiz, en Fresnillo, Zacatecas, donde también trabajaba como taxista, y el de Armando Linares, en Michoacán, donde sujetos armados ingresaron a su domicilio.
En mayo sumaron tres homicidios. El primero, en contra de Luis Enrique Ramírez Ramos, periodista y fundador de Fuentes Fidedignas, cuyo cuerpo fue encontrado en un camino de terracería en Culiacán, Sinaloa.
En un hecho que conmocionó a la comunidad, incluso internacional, las periodistas Yessenia Mollinedo y Sheila Johana García, del diario veracruzano El Veraz, fueron acribilladas mientras se encontraban dentro de un auto particular frente a una tienda de conveniencia.
sin castigo. Hasta el 5 de octubre, el informe Agravios contra Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Segob, advirtió que la impunidad era del 89.3 por ciento en las investigaciones de los 47 periodistas asesinados hasta entonces, pues del total, sólo en cinco casos se habían dictado sentencias.
De los 13 homicidios de representantes de los medios de comunicación contabilizados este año, la cifra de sentencias permanece en cero; sin embargo, por estos casos ya hay 26 detenidos o buscados, de los que 19 han sido vinculados a proceso, según la última actualización del informe Cero Impunidad, que ofrece la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Delicada, menor herida en centro de vacunación
El estado de salud de Valentina, menor de 9 años de edad que resultó herida durante la balacera que se registró el pasado martes en el Centro de Salud Francisco I. Madero de la Ciudad de Puebla, — en donde se llevaba a cabo una jornada de vacunación para menores— fue reportado como delicado, toda vez que tiene una bala incrustada cerca de la columna vertebral.
El secretario de Salud del estado, José Antonio Martínez García, indicó que la niña tuvo que ser sometida a una cirugía en el transcurso de ayer, mientras que el otro menor que también resultó lesionado ya fue dado de alta.
Este miércoles se supo que en lugar del ataque había dos policías municipales, los cuales no impidieron la agresión ni persiguieron a los sicarios porque no tenían vehículo.
La secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital, Consuelo Cruz Galindo, dijo que “había una desventaja”, pues los delincuentes “iban en motocicleta, mientras que los agentes estaban a pie”.
Y ayer, un día después de los hechos violentos, el alcalde, Eduardo Rivera Pérez, anunció una inversión millonaria para la compra de patrullas y… motocicletas.
Consuelo Cruz aseguró que el objetivo del ataque no estaba en la fila de vacunación sino enfrente, y junto a él estaba un padre de familia con sus hijos, quienes fueron alcanzados por las balas.
El ataque dejó al descubierto las carencias de la policía de la capital de Puebla, la cual tiene una tasa de 0.58 uniformados por cada mil habitantes, cifra muy lejana del 1.8 por ciento que recomienda como mínimo la ONU.
El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, interrogado sobre si hubo omisión de los municipales al no enfrentar a los sicarios, pidió que se investigue para deslindar responsabilidades.
En conferencia de prensa, el mandatario aseguró que no va a permitir que se normalice la violencia en la entidad, por lo que pidió a las autoridades de los ayuntamientos reforzar los mecanismos de vigilancia en los centros de vacunación.
“En Puebla no admitimos que la violencia se normalice, combatimos el crimen, esclarecemos los hechos y fincamos las responsabilidades que corresponden ante la ley”, destacó Barbosa Huerta.
El gobernador mencionó que podría ser conveniente reformar la legislación para hacer obligatoria la regulación y revisión constante de la forma de actuar de las policías municipales.
Explicó que se podría hacer una adición a la Ley Orgánica Municipal para establecer la obligación de una especie de certificación de las corporaciones policiacas de este nivel de gobierno.
Barbosa recalcó que su administración no bajará la guardia para combatir a la delincuencia y enfatizó que todo hecho delictivo en la entidad es investigado y esclarecido.
El pasado martes era el primer día devacunación de niños de 5 a 11 años en la capital poblana. Todo transcurría en orden en el lugar,; la gente esperaba sobre la calle Hidalgo y Francisco Sarabia, a unos metros del bulevar Hermanos Serdán, hasta que sujetos armados encabezados por Raúl Nicolás, alias El Cholo, llegaron a disparar contra un hombre apodado La Zorra.
Con información de Jorge Butrón