Foto: Cuartoscuro
El senador perredista Armando Ríos Piter propuso la creación de la Ley General de Combate a la Corrupción Política, a fin de dotar al Estado de mecanismos para blindar la infiltración del crimen organizado en el servicio público.
Establece la definición de conflicto de interés en la gestión pública y las sanciones imputables a todo servidor público que se involucre o beneficie con hechos de corrupción, conflictos de interés, lavado de dinero y específicamente nexos con el crimen organizado.
A través de una iniciativa Ríos Piter también planteó reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, con el objetivo de obligar a los aspirantes a ser candidatos a cualquier cargo público, a presentar ante el Instituto Nacional de combate a la Corrupción una solicitud de verificación de controles de confianza.
Dicha petición será remitida a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la Unidad de Inteligencia Financiera y al Centro de Investigación de Seguridad Nacional.
Esas instancias determinarán si se trata de perfiles idóneos para los cargos de elección popular de que se trate, “desde el más humilde de los regidores hasta el más encumbrado de los funcionarios públicos en el ámbito federal”.
En el mismo proyecto el senador por Guerrero propuso modificar la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos para que las autoridades en materia de combate a la corrupción puedan iniciar el trámite de procedimiento de procedencia mediante denuncia o querella y reducir en 50 por ciento los plazos para la tramitación de juicio político contra funcionarios públicos.
