Ante el crecimiento desmedido de la población de perros y gatos en México, que suman 28 millones, el coordinador del Partido Verde Ecologista de México en el Senado, Manuel Velasco, propuso que la venta de esos animales de compañía sólo sea permitida en lugares autorizados, donde los esterilicen y que cumplan con las normas en la materia.
La iniciativa que plantea reformar la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, establece que los estados, municipios y demarcaciones territoriales en la Ciudad de México, deberán establecer las sanciones correspondientes a quienes realicen acciones de crianza y venta clandestina.
Asimismo, plantea que dichos niveles de gobierno fomenten la cultura de la tenencia responsable, mediante el establecimiento de campañas de esterilización y de información respecto a la importancia de la adopción, vacunación, desparasitación y las consecuencias sociales y de salud pública del abandono de los animales.
De igual forma, estarán encargados de garantizar la esterilización gratuita de animales y el trato digno y respetuoso hacia ellos, en los centros de control animal, estableciendo sanciones a todo aquel que torture y maltrate a los animales.
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Velasco Coello advirtió que no existe legislación e información estadística que evidencie el costo socioeconómico y de salud que tienen los desechos fecales, el maltrato animal y deshumanizado, el lucro desmedido de algunos criadores de animales de compañía y las condiciones infrahumanas que ocasionan este tipo de prácticas.
Detalló que en México existen más de 28 millones de perros y gatos, de los cuales el 30 por ciento son de hogar y el 70 por ciento están en situación de calle. De estos últimos aproximadamente 10 millones no están esterilizados. “México es el país de Latinoamérica que más perros y gatos tiene en situación de calle”, explicó.
Refirió que 80 por ciento de las mascotas en los hogares mexicanos son comprados en la vía pública, sin ningún control de esterilización, vacunación y sin ninguna certificación que establezca obligaciones tanto para el que las vende, como para quien las compra.
La iniciativa fue enviada a las comisiones unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático y de Estudios Legislativos, Segunda.
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