El Pleno de la Cámara de Diputados, aprobó incluir en la constitución la facultad del Congreso para expedir la Ley General en Materia de Seguridad Privada, que permitirá establecer las reglas y la autoridad facultada para autorizar y regular a las empresas que ofrecen servicios de seguridad privada en todo el territorio nacional.
De acuerdo con el proyecto, en 2019 se contabilizó a 600 mil personas que desempeñaban servicios de seguridad privada; sin embargo, la cifra es incierta, ya que se estima que en el país existen 6 mil empresas que no tienen permiso, no cuidan sus procesos, y tienen un número desconocido de trabajadores que realizan su labor sin capacitación y que pueden incurrir en la comisión de un delito.
“La seguridad pública tiene a su cargo la prevención de los delitos, la investigación y persecución de éstos, así como la sanción de faltas administrativas; sin embargo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no establece un concepto de seguridad privada”, expuso la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Aleida Alavez Ruiz, diputada de Morena.
Señaló que, al contar con una ley general en esa materia, “se definirán las reglas claras en el país, para que haya coordinación entre las personas autorizadas a prestar los servicios de seguridad privada y la federación, las entidades federativas y los municipios para la efectiva organización y funcionamiento de los prestadores de servicios de seguridad privada como auxiliares de la seguridad pública”.
El proyecto, aprobado por 332 votos a favor, 61 en contra y 1 abstención, fue turnado a la Cámara de Senadores para su revisión.