La iniciativa presidencial en materia de hidrocarburos no es una expropiación ni una nacionalización simulada, afirmó el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal.
“No es exacto lo que se ha dicho de que se trata de una expropiación disfrazada o simulada o una nacionalización de esta industria dedicada a privados, no es así, es inexacta esta aseveración y alejada de la realidad”, aseguró el senador de Morena.
En conferencia de medios señaló Monreal Ávila que se trata de una modificación a cuatro artículos de la Ley reguladora del sector, pero que sí entrañan un cambio sustancial para poner orden en la importación de combustibles a México.
Explicó que al momento existen 188 concesiones activas para que los industriales adquieran combustibles en el extranjero y lo traigan a México, 110 corresponden a permisos para la importación de gasolinas y 78 son para Diesel.
Monreal Ávila reconoció que la reforma propuesta por el presidente debe tratarse con “sigilo y cuidado2 porque seguramente provocará reacciones adversas por parte de los empresarios, por lo que recomendó abrir espacios de diálogo con las partes afectadas.
“Voy a estar pendiente de la aprobación y seguramente van a escuchar a los empresarios porque si no se hace así obviamente también será motivo de recursos que se interpongan ante los órganos jurisdiccionales eso es inevitable, me parece que es natural y por eso yo prefiero que se pueda negociar con quienes tienen permisos”, señaló el coordinador de Morena en el Senado.
Los cambios propuestos, abundó el senador Ricardo Monreal, incluyen la facultad para que las autoridades puedan revocar permisos a quienes “no cumplan con los requisitos de almacenamiento, es decir, si tienen permiso para importar combustible y no tienen lugares para almacenarlo, pues no tendría sentido que lo tengan y por eso se requiere de actualización la ley”.
La iniciativa, enviada por el presidente el pasado viernes a la Cámara de Diputados, también contempla “una negativa fiscal para conceder permisos si las autoridades competentes, después de 90 días, no emiten una decisión sobre el permiso y la propia revocación de permisos, que en cualquier ley se establece, pero se añade como causante de revocación el haber cometido el delito de contrabando, que me parece lógico que si una persona que dispone de un permiso está cometiendo el delito de contrabando una de las sanciones sea la revocación del permiso”, manifestó Monreal.
Uno de los aspectos más polémicos que contempla la ley, de acuerdo con el legislador zacatecano, es que “la autoridad que expida el permiso pueda llevar a cabo la suspensión y se le faculta para contratar a terceras personas para manejar y controlar las instalaciones ocupadas o intervenidas. Se propone que tanto la Secretaría de Energía como la comisión Reguladora de Energía puedan suspender los permisos expedidos de forma temporal o definitiva cuando se presenten situaciones de peligro inminente para la seguridad nacional y la seguridad energética o la propia economía nacional, en todos los casos está por encima el interés nacional al interés particular”.
De acuerdo con Ricardo Monreal el contrabando de combustibles que enfrenta Pemex equivale a mil 700 pipas diarias, lo que representó pérdidas para la Hacienda Pública durante 2019, por más de 200 mil millones de pesos anuales.