Aprueban diputados eliminar outsourcing

Con 348 votos a favor, 77 en contra y 32 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó esta noche la eliminación de la subcontratación en la que se encuentran 4.6 millones de trabajadores y representa pérdidas anuales al fisco por unos 325 mil millones de pesos.

El documento establece que las empresas privadas y las dependencias federales deberán migrar a sus empleados al sector formal y tendrán estrictamente prohibido operar bajo esquemas de outsourcing. Así lo establece la iniciativa aprobada este martes en el pleno de la Cámara de Diputados.

El dictamen fue turnado a la Cámara de Senadores, y en caso de ser avalado, otorgará un plazo de tres meses a los privados para ajustarse a las nuevas disposiciones.

Solamente se permite la subcontratación de servicios especializados, cuando el contratista esté registrado en el padrón público de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), quienes serán supervisados periódicamente y deberán comprobar que pagan sus contribuciones. Los que no cumplan, pagarán multas de 150 mil a 300 mil pesos por cada falta.

Además, establece que el monto de la participación de utilidades tendrá como límite máximo tres meses del salario del trabajador, o el promedio de la participación recibida en los últimos tres años, y que se aplicará el monto que resulte más favorable al trabajador.

“Esta reforma salvaguarda los derechos laborales al evitar la precarización del empleo”, señaló la diputada de Morena, Anita Sánchez Castro.

También se prohíbe la subcontratación en el sector público, a menos que el contratista esté registrado en el padrón de la STPS. Las instituciones federales con trabajadores al servicio del Estado tienen un año como plazo, a partir de la entrada en vigor del ejercicio fiscal 2022.

Señala también que los cambios en cada dependencia van “con cargo al presupuesto aprobado a cada una de ellas, por lo que no requerirán recursos adicionales”.

Este apartado generó la molestia de la oposición. Carlos Valenzuela González, del Partido Acción Nacional (PAN) consideró que el plazo promueve un trato desigual entre la iniciativa privada y el sector público, ya que “al sector empresarial se le están otorgando tres meses para migrar al nuevo sistema, mientras que al sector público se le está otorgando un año”.

Pedro Pablo Treviño, del PRI, precisó que “el reto será evitar el despido de los trabajadores que se encuentran en este régimen, que podría alcanzar los 4 millones”.

Carlos Pavón, también del tricolor, denunció que se trata de una reforma recaudatoria “y no una reforma que venga a beneficiar a la gente”, ya que actualmente las utilidades que se entregan representan 56 mil millones de pesos, mientras que con la reforma ascenderán a 157 mil millones; “eso significa un 30 por ciento de utilidad e impuestos para hacienda”

Antonio Ortega Martínez del PRD, agregó que la minuta no solo representa un golpe al empleo, sino que además “se prevé la disminución de las inversiones por parte del sector privado”

En su oportunidad, la diputada de Movimiento Ciudadano, Martha Angélica Zamudio, advirtió que en la minuta no se especifica qué servicios serán considerados como especializados.

“Esto deja a discreción de la Secretaría del Trabajo la clasificación de cuáles servicios podrán ser considerados bajo el esquema de subcontratación legítima y da pie a prácticas corruptas”, puntualizó.

El dictamen quedó aprobado por 348 votos a favor de Morena, PES, PT, PVEM, PRD y MC; 77 en contra del PAN; así como 32 abstenciones, la mayoría del PRI.

Tras el aval en lo general, se procedió a su discusión en lo particular con 38 reservas; hasta el cierre de la edición, no se había aprobado ninguna.