Las reformas a las leyes de la Industria Eléctrica y de Hidrocarburos, propuestas por el Ejecutivo, impactan en el atractivo de México como destino de inversión, sostuvo el presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), Ángel García-Lascurain.
En videoconferencia, afirmó que son iniciativas antimercado que contienen características que afectan inversiones privadas que ya se habían realizado y que contaban con un marco jurídico definido, el cual a la mitad del camino se ve afectado y, con ello, echa para atrás las inversiones, las cuales están en niveles históricamente deprimidos.
“Eso genera un ambiente de incertidumbre general para la operación de inversiones en otros sectores que dependen de la estabilidad del Estado de derecho como nación, que sean respetadas las leyes y las reglas, que se genere a través de eso certidumbre en los proyectos de inversión de largo plazo”, advirtió.
Genera un ambiente de incertidumbre general para la operación de inversiones en otros sectores que dependen de la estabilidad del Estado de derecho, que se genere certidumbre en los proyectos de inversión de largo plazoÁngel García-Lascurain, Presidente del IMEF
Aseguró que los cambios propuestos representan un retroceso en el desarrollo de un mercado competitivo, no garantizan tarifas mejores para las familias y las empresas, afectan la productividad del país e impactarían negativamente el bienestar de los mexicanos en materia de salud, “y por supuesto impactan en el atractivo de México como destino de inversión”.
Esta visión coincide con la externada hace unos días por el Instituto Mexicano de Competitividad (Imco), que señaló que la reforma, tal y como pasó en la Cámara de Diputados, repercutirá de manera negativa para las familias y el conjunto del sector productivo mexicano, cuyo acceso a insumos básicos, como la gasolina, diésel, gas natural, entre otros, se podría ver interrumpido al trasladar la producción, procesamiento, transporte, almacenamiento, expendio, importación o exportación de dichos insumos del sector privado a empresas como Pemex.
Lo anterior, dijo, porque la reforma impacta directamente a las empresas al generar un ambiente de incertidumbre jurídica ante las autoridades reguladoras en un momento en que los inversionistas cuestionan las decisiones de política energética.