El Gobierno mexicano presentó una demanda ante la corte federal de Massachusetts, en Estados Unidos, por las afectaciones al país derivadas del comercio ilícito y fabricación de armas en ese país, anunció el canciller Marcelo Ebrard.
“Vamos a litigarlo con toda seriedad y vamos a ganar el juicio y vamos a lograr reducir drásticamente el tráfico ilícito de armas a México, que no puede permanecer impune respecto a quienes producen, promueven y alientan este tráfico desde los Estados Unidos”, aseveró.
Además, señaló que dichas empresas están desarrollando diferentes modelos para el narcotráfico: “tienen diferentes tipos de arreglos, desde el punto de vista estético y desde el punto de vista de uso”.
El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) detalló que se presentó una demanda civil de daños con la que se busca que las empresas demandadas compensen al Gobierno de México “por sus prácticas negligentes”. El monto de la compensación será determinado en el juicio, explicó.
La demanda contempla que se incorporen mecanismos de seguridad en sus armas para prevenir que las mismas sean usadas por personas no autorizadas o vinculadas a la delincuencia; que paguen los estudios, programas, campañas en medios y otros eventos enfocados a combatir el tráfico ilícito de armas, así como el cese de inmediato las prácticas negligentes que ocasionan daño a México.
Sin embargo, aclaró que esta acción legal no sustituye los trabajos de control de la frontera, y agregó que se tiene que implementar otro tipo de supervisión en esa zona.
“Si no hacemos una demanda de esa naturaleza y si no la ganamos, no van a entender, van a seguir haciendo lo mismo y vamos a seguir teniendo muertos todos los días en nuestro país”, sostuvo.
El Gobierno mexicano será representado en la corte de Massachusetts por dos abogados: Johnathan Lowy, integrante de la organización sin fines de lucro Brady Center to Prevent Gun Violence, que ha presentado el mayor número de denuncias contra el comercio negligente de armas en ese país, y Steve Shadowen, quien tiene experiencia en la defensa de familias que han sido víctimas de disparos transfronterizos.
Shadowen explicó que la estrategia va sobre los productores y distribuidores de armas, ya que éstos conocen dónde se distribuyen y quiénes las adquieren, información que no poseen autoridades estadounidenses ni mexicanas.
Por su parte, Alejandro Celorio Alcántara, consultor jurídico de la SRE, explicó que “el Gobierno de México puede demandar en los EU. Un gobierno extranjero puede demandar ante sus cortes federales si ha sido víctima de daño y tiene una causa civil que perseguir”, y que ello no viola la segunda enmienda.
Aclaró que no es una demanda contra el Gobierno de EU; sin embargo, señaló que si bien las autoridades de ese país han realizado esfuerzos para evitar el tráfico de armas, éstos han sido insuficientes.
En tanto, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, aseguró que la demanda que presentó la Cancillería es el primer paso para frenar la tragedia de la inseguridad, el crimen y la violencia que atraviesa México.
El también coordinador de la bancada de Morena recordó que apenas la Cámara alta aprobó un punto de acuerdo sobre el uso de armas en el que solicitaron a la SRE acciones en la materia.
“Este paso que ha dado la Cancillería que no tiene precedente en la historia del país, una demanda interpuesta contra las armadoras o productoras de armas en los Estados Unidos”, expresó.
Gobierno, responsable del crimen: Asociación del Rifle
La Asociación Industrial de Comercio de Armas (NSSF, por sus siglas en inglés) y la Asociación Nacional del Rifle (NRA) rechazaron la demanda interpuesta por México ante una corte federal de EU contra las prácticas de empresas productoras de armas.
“Estas acusaciones carecen de fundamento. El Gobierno mexicano es responsable del crimen desenfrenado y la corrupción dentro de sus propias fronteras”, expuso en un comunicado Lawrence G. Keane, vicepresidente senior de NSSF.
Señaló que las autoridades mexicanas deben concentrar sus esfuerzos en combatir a los cárteles, en lugar de buscar a un “chivo expiatorio” en las empresas de EU.
Estas acusaciones carecen de fundamento. El Gobierno mexicano es responsable del crimen desenfrenado y la corrupción dentro de sus propias fronterasLawrence G. Keane, Vicepresidente senior y asesor jurídico de NSSF
“La actividad criminal de México es un resultado directo del tráfico ilícito de drogas, la trata de personas y los cárteles del crimen organizado que plagan a los ciudadanos de México. Son estos cárteles los que hacen un uso indebido delictivo de armas de fuego importadas ilegalmente a México o robadas al Ejército mexicano y a las fuerzas del orden público”, manifestó.
Indicó que 12 por ciento de las armas incautadas en México en 2008 provenían de EU, es decir, de 30 mil artefactos, sólo se pudo comprobar que tres mil 480 provenían del país. En cambio, apuntó que de acuerdo con cables del Departamento de Estado, las armas más letales utilizadas por los cárteles mexicanos provienen de los arsenales centroamericanos, así como de armas estadounidenses de soldados que desertaron del Ejército.
Añadió que todas las armas que se venden dentro de EU se rigen en acuerdo a las leyes federales y estatales, con una verificación de antecedentes del FBI y formularios completados, por lo que negó incurrir en prácticas negligentes.
La Asociación Nacional del Rifle sugirió que también podría haber demandas de México en contra del Departamento de Justicia del expresidente Barack Obama y quien fungía como fiscal en esa administración, Eric Holder, en cuyas gestiones se autorizó el operativo Rápido y Furioso, con el que dos mil 500 armas autorizadas terminaron en manos de cárteles.
En respuesta, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER) emitió una tarjeta informativa en la que señaló que la industria de armas tratará de deslindarse del tráfico ilícito de armas a México y los daños que ocasiona por prácticas negligentes.
“La Corte conocerá los hechos y las evidencias, no los mensajes superficiales que pretenden legitimar su enriquecimiento desmedido a costa de la muerte de cientos de personas”, sostuvo.
Detalló que las empresas demandadas producen un 68 por ciento de las armas traficadas de origen estadounidense.