La Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) hizo un llamado al Gobierno de México a cumplir con las recomendaciones que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) realizó en su Tercer Informe, respecto a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Guillermo Fernández-Maldonado Castro, representante de la oficina en México detalló que sigue pendiente la respuesta del paradero de los estudiantes, a siete años y seis meses de su desaparición el 26 de septiembre de 2014.
“Es un momento de especial relevancia, no solo en términos de su contenido, de lo que revela sobre los avances y los obstáculos estructurales que persisten dentro del Estado mexicano para conocer lo ocurrido, así como la secuela de acciones, omisiones y encubrimientos”, destacó en un comunicado.
El funcionario internacional dijo que el Estado mexicano tiene la obligación de llegar a la verdad y resarcir el daño a las familias, además agregó que el compromiso del Presidente Andrés Manuel López Obrador y del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas ha sido fundamental para la investigación del caso.
“Y es que sólo con la voluntad del Estado mexicano y la perseverancia en su actuación, es posible llegar a la verdad sobre lo ocurrido a los estudiantes, conocer dónde están, sancionar a los responsables de los crímenes, negligencias y encubrimientos y poner en marcha medidas para la no repetición”, añadió.
Por esta razón hizo el llamado a fin de que las autoridades implementen medidas y se implementen acciones para asfaltar que las recomendaciones del GIEI se cumplen a cabalidad.
El experto destacó que las recomendaciones de la ONU de 2018 sobre tortura en el caso, también deben sumarse, ya que es una obligación repostar los derechos humanos de todos lo implicados en el caso.
“El Estado mexicano es uno solo ante la comunidad internacional y ante el respeto de los derechos a la verdad y justicia en casos de graves violaciones a derechos humanos, como es el caso Ayotzinapa. Hablamos de una obligación que corresponde a todas las autoridades, civiles y militares”, dijo.
lemm.