El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, hizo un llamado a dejar atrás el celo institucional y las discusiones sobre a quien le compete la protección a comunicadores, para entender que se requiere de una respuesta del Estado mexicano en su conjunto para atender el problema.
Durante la firma de un acuerdo de colaboración entre la Secretaría de Gobernación (Segob) con el estado de Sinaloa, para reforzar la protección de los periodistas en la entidad destacó que se necesita cambiar la orientación para que el mecanismo de protección deje de ser un órgano reactivo para ser preventivo, “y de lo que se trata es de construir con esta coordinación entre los gobiernos federal y del estado de Sinaloa los instrumentos y capacidades para revertir la violencia y las amenazas contra este gremio”, indicó.
En tanto, el titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Segob, Enrique Irazoque Palazuelos, afirmó que los enemigos de esta agenda son visibles e identificables, como la delincuencia organizada.
Los factores que aquejan a periodistas y personas defensoras de derechos humanos en cuanto a amenazas, riesgo y agresiones son, en principio, la delincuencia organizada que ve amenazadas sus acciones frente al periodismo y la defensa de los derechos humanos que se ejercen desde los territorios, defendiendo los recursos naturales, el medio ambiente y la lamentable impunidad que se ha sostenido durante décadas en las investigacionesEnrique Irazoque Palazuelos, titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Segob
Además, otro de los problemas identificados es que las autoridades municipales lejos de atender las denuncias y atender las agresiones, son parte del mismo problema. Por ello, urgió la necesidad de contar con una política nacional que abarque a todos los estados.
RFH