La desaparición de personas aumentó 37.5 por ciento en lo que va de la actual administración respecto a la gestión anterior; pese al problema, en la Cámara de Diputados sólo han interpuesto una iniciativa en dos Legislaturas, la cual se encuentra congelada.
Datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) de la Secretaría de Gobernación (Segob) detallan que, del 1 de diciembre de 2018 al 21 de octubre de 2022, se registraron 84 mil 941 desapariciones en el país, un aumento de 37.5 por ciento que en el mismo periodo de la gestión de Enrique Peña, que registró 61 mil 747.
Además, en la gestión actual siguen desaparecidos o no localizados 36 mil 809 personas, 93 por ciento más que la administración anterior, que registró 19 mil 062, según datos oficiales.
Las cinco entidades que desde 2018 han sido las que mayor cantidad de reportes tienen son Jalisco, Estado de México, Nuevo León, Ciudad de México y Veracruz.
No obstante, en dos Legislaturas en la Cámara de Diputados, sólo se ha interpuesto una iniciativa relacionada a desaparición forzada, misma que se encuentra turnada a la Comisión de Justicia desde el 18 de abril pasado.
La encargada de la iniciativa que propone modificar la Ley General de Víctimas para incluir la desaparición forzada y desplazamiento forzado por violencia criminal como noción de daño, fue la morenista María Eugenia Hernández Pérez, quien en la exposición de motivos señaló la urgencia de reconocer este fenómeno y atacarlo, ya que culpó a la entonces administración de Felipe Calderón de detonar este problema, así como el desplazamiento forzado.
Al respecto, Delia Quiroa, madre buscadora en Tamaulipas, dijo a La Razón que la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) no ha servido desde su creación, ya que no ha reducido el problema, pues más allá de sus intentos, no ha dado resultados.
“Es inoperante, es un elefante blanco que no sirve para nada, y aunque la legislación ya aprobó diversas cosas, como el Centro de Identificación Humana, hasta ahora no se sabe a bien qué funciones va a tener”, destacó.
La activista dijo que sólo sabe que el Centro va a estar en Morelos, pero se desconoce del equipo con el que cuenta, o de qué manera se van a tomar las muestras, así como los tiempos de identificación de los restos o cuando comienza su operación.
Destacó que las desapariciones continúan porque ya no se está castigando a los responsables, pues ante su avance en los estados, las autoridades ya no pueden detenerlos, por lo que hay un panorama de impunidad que afecta a los colectivos que buscan a sus seres queridos, pues es recurrente que los amenacen.
“A mí me siguen amenazando en mis búsquedas cada vez que las hacemos, son grupos del crimen organizado que no desean que nos acerquemos a los predios en donde ellos tiran a la gente, Un ejemplo es La Bartolina, pues hasta vino la comisionada de Búsqueda federal a decir que era un campo de exterminio, pero se sacaron 500 restos y hasta la fecha se desconoce en donde están”, explicó.
Señaló que a las autoridades federales sólo le interesan sus programas sociales y quedar bien con la gente, a pesar de que en otras regiones siguen aumentando los delitos y desapareciendo a la gente.
Por separado, Cecy Flores Armenta, vocera del colectivo Madres Buscadoras de México, señaló a este diario que con la actual estrategia federal no se ataca a la delincuencia, que es la mayor responsable de la desaparición de personas en el país, pues al existir impunidad, no se “mete a la cárcel” a los verdaderos responsables de secuestrar y desaparecer a las personas.
“Es parte de la misma estrategia que no da resultados, pues no se ataca a los grupos organizados que son los responsables de la desaparición de personas. Al dejarlos impunes, no se garantiza la protección de hombres, mujeres y niños en las regiones del país”, aseveró.
Coincidió en que no se han dado resultados de las búsquedas que hacen en los estados, porque sólo notifican en redes que están en una actividad, pero no informan si hay o no restos o cuerpos: “No se ve que haya muchos hallazgos de su parte. Si tienen tantos recursos y eficiencia, ¿por qué no brindan más resultados?”.
Además, dijo que a las autoridades les faltan acciones de investigación y más búsqueda, porque hace falta que hagan un trabajo similar al que hacen los colectivos que, dijo, si tuvieran recursos, “probablemente no habría tantos desaparecidos”.
Habilita QRoo albergue para sobrevivientes de trata
La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) informó que el albergue del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Quintana Roo en el municipio de Benito Juárez habilitó un espacio para atender de manera especializada a niñas, niños y adolescentes sobrevivientes del delito de trata de personas.
Luis Sierra, gerente de Programas de Lavado de Dinero, Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, aseguró que les enorgullece apoyar este esfuerzo asistiendo a las víctimas.
“Bajo las metas del Marco Bicentenario, el Gobierno de Estados Unidos está comprometido en trabajar con México para combatir este delito y crear comunidades más seguras para nuestros ciudadanos en ambos lados de la frontera”, dijo.
Se capacitará a 80 personas del DIF, así como a policías y Fiscalía del estado, para fortalecer la atención especializada a víctimas de este delito que se brinda durante el acompañamiento.