Después de una audiencia de tres horas, un juez determinó imponer medidas cautelares al primer indiciado de alto nivel en la estructura del Instituto Nacional de Migración (INM), para que no pueda salir del país mientras se investiga su responsabilidad en el incendio que provocó la muerte de 40 migrantes en un centro de detención de Ciudad Juárez, aunque por lo pronto libró la cárcel.
Se trata de Antonio Molina Díaz, director general de Control y Verificación Migratoria, quien deberá acudir a firmar mensualmente.
La Fiscalía General de la República (FGR) pidió, como medida cautelar, la prisión preventiva justificada para evitar que el funcionario de primer nivel del INM se fugue, además de solicitar su inhabilitación del cargo, ya que puede influir u ocultar información desde su puesto, pero en ambos casos el juez denegó la solicitud y sólo ordenó las medidas cautelares de firmar mensualmente y no salir del país.
Hoy se realizará la audiencia de imputación, ya que se le acusará de ejercicio indebido del servicio público y de ahí se conocerá si cambia la medida cautelar a prisión preventiva justificada, en caso que las pruebas que aporte la FGR sean de alta relevancia y establezcan su responsabilidad.
Además, este mismo viernes se citó al titular del INM, Francisco Garduño, para comparecer por presuntas conductas delictivas, al incumplir con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas en los centros o estancias migratorias a su cargo. En caso de que se le impute el mismo delito que a Molina Díaz, podría tener las mismas medidas cautelares, debido a que no es un delito grave y no amerita prisión, además de que puede permanecer en su cargo de manera normal durante la investigación.
Toda esta serie de conductas por las que se les señala fueron elementos fundamentales que propiciaron la presunta comisión de los delitos referidos, por lo que la investigación continuará sobre esos aspectos hasta que haya una vinculación a proceso de quienes sean responsables.
Al momento hay 10 personas investigadas por los sucesos y al paso de las semanas se conocerá si tienen responsabilidad directa o se les deja en libertad, como ya sucedió con una agente del INM a la que no se le pudo ubicar el día de los hechos en el lugar.
Durante la audiencia de ayer, la FGR denunció que a partir de los hechos del pasado 27 de marzo hubo una constante obstaculización para interceder en la investigación por parte de personal del INM.
De esta manera, señaló que en diferentes ocasiones su personal intentó acercarse a las víctimas, así como girar oficios, pero se le ha negado por parte del INM.
La defensa de Antonio Molina Díaz pidió suspender la audiencia porque, dijo, hasta este jueves se le dio acceso a una carpeta de investigación.