La Fiscalía General de la República (FGR) informó ayer que impugnará la liberación de ocho militares que estaban detenidos por su relación con el caso Ayotzinapa, y anunció que procederá de manera legal contra Raquel Ivette Duarte Cedillo, jueza del Segundo Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, por avalar su libertad.
Además, afirmó que también iniciará un procedimiento legal contra los magistrados de un tribunal colegiado, Horacio Armando Hernández Orozco, Juan José Olvera López y Francisco Sarabia, quienes, señaló, en una secuela procesal absolutamente cuestionable para los derechos y para la protección de víctimas, fueron concediendo ventajas indebidas y desconocieron las resoluciones de jueces que determinaron prisión preventiva justificada para los ocho miembros.
La FGR aseguró que con la aplicación de procedimientos de amparo se provoca una situación de injusticia que está afectando a 43 desaparecidos y a sus familias, a su seguridad y a la nación, dada a la gran brutalidad de abusos cometidos.
“Ante dicha cerrazón, absolutamente injusta para las víctimas y para el Estado Mexicano dado la gravedad de los delitos que se cometieron en el caso Ayotzinapa, esta representación social federal presentará los recursos correspondientes para garantizar los derechos”, añadió.