La presidente de Perú, Dina Boluarte, llamó a la población a una “tregua nacional” para acabar con las protestas en las que han fallecido 55 personas, según el último recuento, sin generar un cambio en la nación, pues horas después la región se volvió escenario de protestas y choques entre la policía y los disidentes.
En un mensaje a 49 días de asumir el gobierno, la exvicepresidenta aseveró que el diálogo es la única vía de poner fin a la crisis, proceso al que invitó a obispos para que en cada región se abra una agenda en conjunto y así atender los reclamos, sin adelantar un ofrecimiento. Y recalcó que la “paralización, caos y violencia no van a generar nada”, pues no son una solución ni la forzarán a dejar el gobierno, pues acusó que son los opositores y radicales los culpables de actos vandálicos que sumen a Perú en la crisis.
Apuntó que, contrario a lo que aseguran los manifestantes, no extenderá su gobierno más de lo previsto.
Incluso, puntualizó ante la prensa extranjera que en cuanto se elija a un nuevo líder pasará la batuta, a falta de 15 meses para las próximas elecciones generales, aunque adelantó que el Congreso ya analiza una propuesta para que éstas sean al menos dos meses, y mientras eso suceda no se cansará de promover un diálogo con todos los sectores de la región.
Y pese a las críticas y llamados nacionales y a nivel internacional a detener el uso excesivo de la fuerza, la mandataria se deslindó de ello y hasta defendió la respuesta de la Policía Nacional y corporaciones ante las movilizaciones al calificar de “inmaculado” su actuar.
En claro desafío a las demandas de la sociedad, minimizó el uso de armas contra manifestantes y hasta deslindó a éstas de las muertes que, en su mayoría, fueron por impactos de arma de fuego en regiones como Arequipa, Puno y Lima, según la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo.
La presidenta fue más allá al respaldar a los uniformados al sentenciar que, hasta el momento, no se ha corroborado que las balas que mataron a decenas fueran de sus fuerzas, pues siguen las investigaciones; incluso, añadió que entre los manifestantes y detrás de éstos hay contrabandistas y hasta narcotraficantes, al sugerir de nuevo que hay un posible financiamiento ilegal de las movilizaciones, pues dijo que hay sectores que llevan siete semanas en paro o sumándose a las marchas, evidenciando que no trabajan y no les importa llevar el pan a sus casas, o al menos no obtiene sus ingresos de manera legal.
Además, en la misma conferencia d se lanzó contra los habitantes de Puno, una de las zonas más críticas, al sostener que ésta “no es Perú”, lo que desató nuevas protestas en su contra por desconocer a quienes exigen su renuncia, pues no los considera peruanos.
Hecho que algunos sectores justificaron para tomar nuevamente las calles en varias regiones del país, como en Lima, en donde nuevamente se reportaron disparos y personas lesionadas, entre ellos un menor de edad, por la respuesta de la autoridad que insiste en lanzar gases lacrimógenos contra los disidentes, a quienes el gobierno dice que escuchará. Al tiempo que se reportaron agresiones contra medios internacionales.
En tanto, otros grupos bloquearon vías principales como la Panamericana Sur para evitar las entradas y salidas en Lima y así aumentar la presión contra el gobierno, con respaldo de camioneros que siguen en paro.
En medio de la crisis, la Fiscalía abrió una investigación contra el ministro del Interior, Vicente Romero, por presuntas omisiones en agravio del Estado por el allanamiento policial en la Universidad San Marcos el pasado 21 de enero, hecho por el que 200 estudiantes fueron detenidos, luego de que la misma casa de estudios denunció un abuso de autoridad de la Policía; sin embargo, algunos integrantes del gabinete respaldaron al funcionario al insistir, como lo dijo el propio Romero, se actuó bajo la ley.
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