135 artículos de la Constitución fueron reformados

Avala Nicaragua darle más poder a Daniel Ortega

La reforma establece que la Presidencia dirige coordinará a los órganos legislativo, judicial, electoral, de control, regionales, municipales, Ejército y Policía.

La vicepresidenta Rosario Murillo y el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en foto de archivo.
La vicepresidenta Rosario Murillo y el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en foto de archivo. Foto: Reuters

La Asamblea Nacional de Nicaragua, dominada por el gobernante Frente Sandinista, aprobó este viernes una reforma constitucional que otorga un control total Ejecutivo sobre los otros poderes del Estado, aumenta el control de los medios, amplía el periodo presidencial de 5 a 6 años y crea los cargos de “copresidente” y “copresidenta”.

El paquete de reformas, enviado el martes por el presidente Daniel Ortega con “carácter de urgencia”, que modifica 135 artículos de la Constitución y deroga otros 38, incluido el que prohibía la tortura, fue aprobado en primera legislatura con el voto del grupo mayoritario.

Según la Constitución nicaragüense, las reformas a la Carta Magna deben ser aprobadas en dos periodos legislativos antes de que entren en vigor. La actual legislatura finaliza en diciembre y la siguiente inicia el 10 de enero de 2025, cuando la reforma quedaría aprobada de forma total, estimó el presidente de la Asamblea, Gustavo Porras.

La enmienda que denomina al Estado como “revolucionario”, establece que el Ejecutivo “coordinará” los demás poderes del Estado, legaliza la apatridia, y crea la Policía Voluntaria, acusada de ser una fuerza paramilitar.

Según el texto, los copresidentes podrán nombrar vicepresidentes sin que sean elegidos por el voto popular. Para ser candidatos a copresidentes tienen que haber residido de forma continua en Nicaragua los 6 años anteriores a la elección, no haber sido declarados “traidores a la patria”, o no haber adquirido otra nacionalidad.

Establece también que “el Estado vigilará que los medios de comunicación no sean sometidos a intereses extranjeros y divulguen noticias falsas”. Además, estable la laicidad del Estado, pero advierte que “al amparo de la religión, ninguna persona u organización puede realizar actividades que atenten contra el orden público”.

La oposición ha dicho que la iniciativa legaliza “el poder absoluto” de Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, y la OEA ha acusado a la pareja presidencial de intentar “perpetuarse en el poder”.