El escándalo de corrupción que salpicó al líder de la oposición venezolana, Juan Guaidó —cuyos compañeros de bancada resultaron ligados a un fraude con empresas que suministran la asistencia social del gobierno de Nicolás Maduro— debilita su movimiento, pero más allá de que su erosión supone un golpe al único dirigente político que logró captar el mayor apoyo ciudadano e internacional, aún es el mejor posicionado contra el chavismo.
Tomando en cuenta que a Maduro lo repudia más de 80 por ciento de la población, según una encuesta de Datanálisis, y aún cuando los negativos de Guaidó superan el 50 por ciento, se ubica en el primer lugar entre los opositores, con 42 por ciento del apoyo, incluso por encima del popular activista político Leopoldo López, a quien supera con 10 puntos.
Para el internacionalista Héctor Herrera, independientemente de la popularidad que pierda con el efecto mediático generado en las acusaciones de corrupción, “es difícil definir si se acabó el momento de Juan Guaidó. Lo cierto es que después de él no hay nadie que pueda reunir sus características”, apuntó a La Razón.
De acuerdo con Datanálisis, el joven político venezolano plantó cara en enero pasado al régimen, con 63 por ciento de popularidad; nueve meses después, apenas llegó a 40 puntos, antes de que se destapara el escándalo de corrupción.
La bomba fue soltada la semana pasada por el portal de periodismo de investigación Armando.info, que señaló a los diputados afines a Guaidó: Luis Parra, José Brito, Conrado Pérez, Adolfo Superlano, Richard Arteaga, Guillermo Luces, Chaim Bucaram, William Barrientos y Héctor Vargas, la mayoría de ellos miembros de la Comisión de Contraloría del Parlamento.
El grupo, según esta investigación, hizo gestiones informales en la Fiscalía de Colombia, en Washington y en Bruselas, en defensa del colombiano Carlos Lizcano, propietario de la empresa Salva Foods, que está a cargo de las tiendas de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), con las que Maduro reparte ayuda alimentaria a cientos de familias venezolanas.
Lizcano trabaja para los también colombianos Álvaro Pulido y Alex Saab, sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por ser supuestos testaferros de Maduro en negocios ilegales.
Daniela Castell, de la Facultad de Ciencias Políticas y Administración de la UNAM, comentó en entrevista que las revelaciones son un “golpe planeado desde el régimen de Maduro”, en un momento en que está por vencer el periodo de Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento). Aunque varios partidos habían decidido ceder su lugar en la mesa directiva, algunas fuerzas opositoras que negociaron con Maduro tienen derecho a reclamar el puesto.
“Todo tiene que ver con derribar la mayoría que tiene en la Asamblea. Lo que Maduro quiere que suceda es recuperar el control de la Cámara para pulverizar a la oposición”, consideró Castell, quien lamentó el hecho de que una oposición que logró una fuerza importante rompa su prestigio con un tema de corrupción.
Y es que, cuando se habla de corrupción, cualquier político o institución política está expuesto a perder popularidad, apuntó el especialista Bernardo Morales.
“Aún puede prevalecer con apoyo de Estados Unidos, pero, incluso, aunque pueda presentar pruebas, el asunto ya se ventiló y seguramente le va a impactar en el número de seguidores”, remarcó.
No obstante, anotó Morales, al político opositor le habrían resultado mejor las cosas si hubiera tomado una ruta más institucional para derribar a Nicolás Maduro.
“Debió presentar pruebas de que la elección de Maduro fue fraudulenta, en lugar de autoproclamarse (presidente interino) debió seguir un proceso más constitucional. Si se debilita, si se apaga, ¿qué pasará con Venezuela? Tendrá que haber otro, un actor político que a partir de la institucionalidad, de demostrar ser una oposición más auténtica se sepa ganar la legitimidad y el apoyo de la mayoría de los venezolanos”, concluyó.
Con información de Evert G. Castillo
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