El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) expresó su preocupación por la actual política energética del Gobierno federal, al afirmar que inhibe la inversión en México, tras la aprobación de las reformas a las leyes de Hidrocarburos y de la Industria Eléctrica.
“Las iniciativas que el Congreso ha aprobado, sin tomar en cuenta las propuestas del sector privado, podrían generar daños económicos, sociales y ecológicos a nuestro país”, subrayó en un comunicado.
Advirtió que los mexicanos de hoy y las siguientes generaciones sufrirán las consecuencias de la caída en la inversión, la escasez de energía, mayores deudas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex), mala calidad del aire y problemas de salud derivados de la contaminación.
Sostuvo que la reforma a la Ley de Hidrocarburos aprobada por el Senado ayer, junto con la relativa a la Ley de la Industria Eléctrica publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 9 de marzo, son los ejemplos más recientes de estas decisiones, que son violatorias de la Constitución y atentan contra la propiedad privada, el empleo y el desarrollo futuro de México.
“Ambas iniciativas cambian sorpresivamente las reglas para los inversionistas, amenazan la legalidad, la propiedad privada, los compromisos internacionales y sobre todo el medio ambiente y la salud de los mexicanos”, afirmó la principal cúpula empresarial del país.
Además de los impactos directos al sector eléctrico y de gasolinas, apuntó que estas acciones afectarán la creación de empleos y las condiciones de bienestar para los mexicanos al inhibir la inversión en nuestro país.
“Esto ya se ha reflejado con una caída del 75 por ciento en la inversión en el sector de energía entre el 2018 y el 2020”, señaló el CCE.
Con ello, se perdió la oportunidad de crear más de 200 mil empleos, que habrían contribuido, de manera importante, a enfrentar la actual crisis económica derivada de la pandemia de COVID-19.
“Desde el Consejo Coordinador Empresarial, una vez más, hacemos un llamado a las autoridades del gobierno federal para entablar una conversación productiva, y a anteponer el bien de México frente a las posturas ideológicas”, planteó.
En un sistema democrático, los problemas del país se resuelven entre todos, dialogando, antes de suprimir las reglas que hubieran podido apoyar, la creación de empleos, el crecimiento y el desarrollo de nuestro país, resaltó.