La pandemia de COVID-19 empujó en 2020 a 4.7 millones de personas de la clase media a la vulnerabilidad o la pobreza en América Latina y el Caribe (ALC), posiblemente revirtiendo décadas de avances sociales, de acuerdo con un nuevo informe del Banco Mundial (BM).
El organismo financiero internacional resaltó que el impacto es aún más dramático si el efecto de un programa de transferencias sociales de carácter masivo y temporal en Brasil es excluido de las proyecciones. Sin ese efecto brasileño, un total de 12 millones de personas en la región perdieron su lugar en la clase media en 2020.
Lo mismo ocurre con la pobreza. A nivel regional, hubo 400 mil menos pobres en 2020, pero sin el efecto compensador de Brasil se calcula que unos 20 millones de personas cayeron en la pobreza en 2020, con un aumento adicional de 1.4 millones a causa del crecimiento poblacional, de acuerdo con su reporte “El lento ascenso y súbita caída de la clase media en América Latina y el Caribe”.
Indicó que en las últimas dos décadas, el número de personas que viven en la pobreza en la región se redujo a la mitad.
La clase media (ingreso per cápita de entre 13 y 70 dólares al día) superó a los vulnerables (ingreso de entre 5.50 y 13 dólares al día) y pobres (por debajo de la línea de pobreza de 5.50 dólares al día) para pasar a ser el grupo más grande en 2018.
No obstante, precisó, ese crecimiento se estancó en los últimos años y la región fue una de las más afectadas por la pandemia del COVID-19 en términos de costos sanitarios y económicos.
El BM reportó que en 2020, la clase media se redujo a 37.3 por ciento de la población, la clase vulnerable creció a 38.5 por ciento y los pobres representaron el 21.8 por ciento de la población de América Latina y el Caribe.
“La región de América Latina y el Caribe se encuentra en una encrucijada, el retroceso de conquistas sociales que tanto costaron corre el riesgo de volverse permanente a menos que se lleven a cabo reformas enérgicas”, dijo el vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, Carlos Felipe Jaramillo.
“Las ayudas de emergencia mediante transferencias en efectivo que ayudaron a mitigar el impacto de la pandemia no serán sostenibles por mucho tiempo; así, la región debe avanzar con políticas que aseguren una recuperación firme y den lugar a un crecimiento más sostenible, resiliente e inclusivo que combata la pobreza y la desigualdad persistentes”, añadió.
Señaló que si bien las medidas paliativas como los programas de protección social ayudaron a contener el impacto negativo en el corto plazo, sin una recuperación acelerada e inclusiva y niveles similares de medidas de
mitigación, la pobreza podría crecer nuevamente en 2021.
Garantizar un acceso amplio a las vacunas, implantar sistemas eficientes y efectivos para distribuirlas y administrarlas, y fortalecer los sistemas de salud en toda la región será clave para la recuperación, subrayó.
Asimismo, la crisis amplificó los efectos nocivos de la desigualdad en la región. Más de la mitad (54,4 por ciento) de los trabajadores de la
región opera en el sector informal, nueve de cada 10 trabajadores que viven en la pobreza se encuentran en el sector informal, y casi un tercio son empleados autónomos.
“Aquellos que estaban peor desde un principio probablemente sean los más afectados, y esto exacerbará la desigualdad en el ingreso en una región de por sí muy desigual”, dijo Ximena Del Carpio, gerente de la Práctica de Pobreza y Equidad del Banco Mundial.
“El acceso a servicios básicos como electricidad, agua adecuada, saneamiento e incluso Internet se ha vuelto aún más esencial bajo las medidas de confinamiento”, abundó.
No obstante, menos de uno de cada cuatro hogares cuenta con saneamiento adecuado, 9 por ciento carece de electricidad y apenas el 25 por ciento utiliza Internet en casa, expuso el Banco Mundial.
Consideró que de cara a la pandemia y la incertidumbre en curso, los gobiernos deben priorizar el acceso equitativo a los servicios esenciales.
Indicó que los confinamientos subrayaron la importancia de un acceso amplio a Internet y métodos alternativos para adquirir bienes y servicios. Los países deben seguir invirtiendo en infraestructura digital para acelerar estos cambios y promulgar leyes para expandir la economía digital.
Por otra parte, apuntó, los programas de protección social deben reevaluarse para ajustar su alcance e incorporar nuevos beneficiarios.
Las transferencias de ingreso son útiles para brindarles a los grupos vulnerables algún tipo de seguridad financiera durante los períodos de confinamiento, pero son temporales y podrían no ser suficientes para evitar una caída fuerte de la clase media, agregó.