Expertos en energía chocaron sobre los resultados de la Reforma en esta materia impulsada durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, como parte de los foros del Parlamento Abierto organizados por la Cámara de Diputados.
Durante el foro 8 del Parlamento Abierto, Ramsés Pech, experto en Energía apuntó que antes de este cambio en la Constitución, un 40 por ciento de los ingresos para el sector energético dependían del petróleo; mientras que para noviembre de 2021, la cifra se redujo a 18 por ciento.
Además, puntualizó que antesala de esta modificación, la Inversión Extranjera Directa (IED) en el sector era de 3.0 por ciento, pero al tercer trimestre de 2021 llegó a un 20 por ciento, según datos de la Secretaría de Economía.
El especialista subrayó la necesidad de que existan planes transexenales a largo plazo, ya que si bien la reforma del sexenio pasado es una herramienta, no constituye por sí sola un plan.
Por su parte, Severo López, consejero ejecutivo de sustentabilidad para México A.C., advirtió que la iniciativa enviada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador pretende que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pierda los controles corporativos y transparencia al dejar de ser una empresa productiva del Estado.
“Esa reforma constitucional no tiene precedente en México, ni López Mateos, ni Carranza, ni Cárdenas plantearon una reforma constitucional tan restrictiva como la que tenemos sobre la mesa”, puntualizó.
En tanto, expuso que la Reforma de 2013 surgió ante la necesidad de que el Estado mexicano “no podía financiar toda la expansión del sistema eléctrico”. Sin embargo, apuntó que fue un proceso que duró 15 años.
Por parte de los ponentes a favor de la iniciativa del Ejecutivo, Romualdo Hernández, coordinador de Proyectos de Inversión y Vinculación de CFE acusó que el Pacto por México en 2013 se trasladó en “una suplantación del Poder Legislativo para las reformas estructurales, entre ellas la energética”.
Además, señaló que con dicha reforma se constitucionalizó un despojo a la CFE, el cual, expuso, busca revertirse con la iniciativa presentada por el Ejecutivo.
“La reforma de 2013 no buscaba la mejora del sector. Dicen que esta reforma es muy entreguista, yo diría que la reforma de 2013 fue entreguista”, manifestó.
Explicó que la reforma actual requiere de mayoría constitucional, pero también de una aprobación mayoritaria de los congresos estatales. “Hoy en este nuevo entorno, estamos de frente a la nación discutiendo el contenido de la reforma”, sostuvo.
En tanto, Carlos Meza, catedrático en materia de amparo y derecho constitucional señaló que, dicha reforma tuvo como objetivo desmantelar y privatizar las áreas estratégicas de la nación en beneficio de las empresas transnacionales”.
El académico apuntó que el objetivo de la reforma impulsada por Enrique Peña Nieto fue “desmantelar y privatizar las áreas estratégicas de la nación en beneficio de las empresas trasnacionales y esto representa una de las más grandes arbitrariedades que se han cometido en contra de nuestro país”.
