México, a través de la Secretaría de Economía (SE), urgió al Gobierno de Texas a retirar las inspecciones que realiza al transporte de carga, ya que, asegura, generan pérdidas millonarias para ambas naciones.
La dependencia federal que encabeza Raquel Buenrostro anunció que el Gobierno mexicano someterá, ante el Comité de Facilitación de Comercio del T-MEC, el caso de las recientes inspecciones en las inmediaciones del cruce fronterizo Matamoros-Brownsville, por parte de la administración de Texas.
En un comunicado, la SE informó que México es el principal socio comercial de dicho estado y que esta relación representa al año, en promedio, 231 mil millones de dólares, por lo que las afectaciones económicas por minuto son de 439 mil 497.7 dólares.
Cabe destacar que cada minuto el intercambio comercial entre México y Estados Unidos asciende a un millón de dólares; ello implica que 50 por ciento de este flujo de mercancías se lleva a cabo a través de la frontera con Texas.
La SE inició un diálogo constructivo con la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) para encontrar una solución al problema “que, reconocemos, es causado por una autoridad subnacional”.
Precisó que el pasado 12 de mayo se celebró una teleconferencia entre el subsecretario de Comercio Exterior, Alejandro Encinas Nájera, y el representante comercial adjunto de Estados Unidos, Jayme White.
Durante el encuentro, Encinas Nájera manifestó la preocupación del Gobierno mexicano y enfatizó que estos obstáculos al comercio son incompatibles con los acuerdos de acceso a mercado existentes entre México y Estados Unidos.
“La SE externó sus ‘serias preocupaciones’ por las pérdidas económicas producidas por las recientes inspecciones a transportes de carga en las inmediaciones del cruce fronterizo Matamoros-Brownsville por parte del gobierno de Texas”, dijo.
Expuso que dichas medidas, aplicadas desde el pasado 8 de mayo, señalan tener como objetivo “interrumpir el tráfico de migrantes en la frontera”, una atribución que no corresponde a gobiernos subnacionales.
La SE afirmó que estas acciones están motivadas por una visión “antimexicana” que dista de la integración social, cultural y económica entre México y Texas.
Reiteró que el país es el principal socio comercial de dicho estado, y que esta relación representa al año, en promedio, 231 mil millones de dólares.
“Gracias al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), juntos hemos desarrollado cadenas de suministro en sectores estratégicos como el automotriz, el electrónico y el de hidrocarburos”, expuso la dependencia.
Afirmó que, en contrasentido a estos beneficios mutuos, la imposición de estas inspecciones está generando pérdidas millonarias tanto para empresas mexicanas como para estadounidenses.
Estas revisiones están causando demoras de entre ocho y 27 horas en el ingreso de los transportes de carga nacionales a Texas, lo cual afecta, principalmente, a productos perecederos.
La SE acotó que, en última instancia, son los consumidores estadounidenses quienes pagan los costos de estas políticas, por lo que a todos conviene restablecer la normalidad en la frontera.
IP rechaza
La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) expresó su extrañamiento por la medida del Gobierno del estado de Texas de revisar, sin previo aviso, cada uno de los tractocamiones que pretenden cruzar la frontera para llevar mercancía a ese país a través del Puente General Ignacio Zaragoza.
Subrayó que esa medida, ordenada por la autoridad texana, afecta el libre comercio y el traslado de productos que impacta negativamente en la economía, sobre todo de las empresas mexicanas que tienen convenios de exportación con sus pares estadounidenses.
Además, genera demoras en las exportaciones y, por lo tanto, pérdidas millonarias que resultan perjudiciales para las empresas de nuestro país, toda vez que las unidades tardan en cruzar la frontera entre Matamoros, Tamaulipas, México, y Brownsville, Texas, EU, hasta siete horas.
Camiones procedentes de México llegan a la frontera de EU cargados de productos agrícolas y el proceso de inspección pasó de tres horas, en promedio, a más de 30 horas, por lo que en muchos casos la pérdida de la mercancía es total.
Cabe recordar que, el año pasado, el gobernador de Texas implementó la misma medida, por lo que sus homólogos de Nuevo León, Samuel García; de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván; de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solis, y de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, se dieron a la tarea de firmar un acuerdo con el mandatario local estadounidense para que cesara las revisiones exhaustivas.