“Hombre blanco hablar con lengua de serpiente”
Javier Krahe
El dieciséis de febrero de 1996 se firmaron los Acuerdos de San Andrés, como una solución al levantamiento zapatista en San Cristóbal de las Casas, estado de Chiapas, surgido el primero de enero de 1994, de lo cual han pasado veinticinco años y los acuerdos siguen sin cumplirse.
Los acuerdos de San Andrés fueron firmados por los representantes del Gobierno federal, del entonces Presidente Ernesto Zedillo, del Gobierno del estado de Chiapas, los representantes de las comunidades de los pueblos indígenas de los Altos de Chiapas, y del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), por los cuales se trataba de insertar a las comunidades indígenas en el desarrollo nacional, promoviendo su cultura y respetando sus derechos, mediante una reforma Constitucional que otorgara a los pueblos indígenas los derechos y formas de gobierno que los incluyeran.
Dentro de los principales acuerdos se tienen los siguientes: una reforma al artículo 27 constitucional para otorgarle a los indígenas el derecho pleno de sus tierras, que son las que trabajan y de las cuales no son propietarios, así como establecer mecanismos para un desarrollo sustentable de las tierras y evitar su explotación, como actualmente sucede en la zona de Chiapas; también se alcanzó un acuerdo para establecer que los derechos de los indígenas sean respetados y que las mujeres indígenas se liberen de la opresión que padecen.
Otra de las demandas fue realizar una reforma jurídica para que los pueblos indígenas tengan un acceso pleno a la justicia, que sea impartida en su propia lengua y por quienes conozcan su cultura; también se pactó realizar una remunicipalización para ajustar los territorios municipales, de acuerdo a las diferentes etnias, y evitar las confrontaciones que se han vivido permanentemente, estableciendo la libre determinación de los pueblos indígenas.
Han pasado veinticinco años y los acuerdos son letra muerta, nadie se ha preocupado de hacer algo por los pueblos indígenas, sino por lo contrario, el 22 de diciembre de 1997 se llevó a cabo la masacre de Acteal, en los Altos de Chiapas, donde un grupo de paramilitares, con el apoyo de policías locales y miembros del Ejército, asesinaron a 43 indígenas del municipio de Chenalhó, para disuadir que siguieran uniéndose al EZLN. Hasta hoy no hay una investigación en los altos niveles del Gobierno para saber quiénes organizaron la masacre y determinar responsabilidades.
La población indígena, de acuerdo con el censo del año 2020, representa el 15.1% de la población total de México, es decir, 16,993,283 habitantes, y los pueblos indígenas siguen sumidos en la pobreza y el abandono, mientras su población sigue creciendo. No hemos visto que el nuevo Gobierno se preocupe por ellos, pues además de ser pobres, son indígenas, por lo que tienen una doble vulnerabilidad. Esperemos que haya un cambio y se voltee a verlos, que ahí siguen esperando justicia.