El célebre pato laqueado del restaurante Hunan que se comió el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, la noche del sábado, lo pagamos todos.
Paga la imagen del Presidente López Obrador que anuncia a diario la extinción de la impunidad en México. La del Fiscal general Alejandro Gertz también, porque cada una de las cuatro fotografías ilustran a una Fiscalía lenta, complaciente e ineficiente.
Paga el ánimo social que paladea, una vez más, el amargo sabor de la impunidad efectiva con un toque de corrupción confesa al gusto.
Emilio Lozoya robó, huyó y lo pescaron–en España–. Ofreció hundir al expresidente Peña Nieto y a su alter ego Luis Videgaray. La FGR lo trata como a un príncipe, no ha pisado un ministerio público, sus activos intactos, “inmoral” libertad que no le quita la fea costumbre de mentirle a autoridades varias.
La periodista Lourdes Mendoza tiene entablada una demanda por perjuicio y daño moral contra Lozoya, por haberla imputado en su “suculenta” delación ante la Fiscalía –que le regaló un bolso Chanel, carísimo, por orden de Videgaray–. Cuando fue citado a declarar y a aclarar, argumentó que estaba arraigado, que no podía.
El jonrón informativo de Mendoza demostró enésimo fraude procesal de Lozoya Austin, mintió para no acudir. Tan podía, que su opípara cena fue sólo inmoral, no ilegal. Cierto, él no está bajo arresto domiciliario –nomás faltaba– como Elba Esther Gordillo, tampoco en prisión preventiva oficiosa como Rosario Robles –hay clases, diría– no, lo suyo es el beneficio de un criterio de oportunidad establecido como tal por el doctor Alejandro Gertz Manero.
Y le pega al proceso sucesorio del Presidente AMLO. Abrió otra ventana para el agudo senador Ricardo Monreal que apunta: “Ser testigo protegido, no da una libertad tan amplia… desde el senado llamaremos a la FGR”. Si suma la iniciativa de Monreal el fin de semana para que las candidaturas de Morena –incluida ya sabe cual– se definan con el voto directo y secreto, no por encuestas patito, ni siquiera del Hunan… parque para quien está decidido a desafiar designios sucesorios, y no va solo, el canciller acompaña. Caro pato el de Emilio Lozoya.
Gaseros en pie de guerra. Mientras México debate la iniciativa de reforma constitucional eléctrica, si el PRI se atomiza, entrega o resiste; si su única posibilidad de subsistencia, dicen, es aliarse de facto a Morena que le paga más que la coalición con PAN y PRD con quienes ni una gubernatura salvó; los distribuidores minoristas de gas licuado de petróleo (gas LP) estallan ante la imposición gubernamental de fijar precios máximos al litro del vital combustible.
Amenazan con paro indefinido a nivel nacional, hasta lograr al menos tres pesos de margen por cada litro que distribuyen. Sin esa ganancia, no les conviene, dicen, seguir operando.
Por lo pronto, Martí Batres, secretario de gobierno de la CdMx, trabaja como mediador en tema ajeno para impedir que el descontrol de piperos incendie –políticamente hablando– la pista de despegue de Claudia Sheinbaum.
