En los últimos años, representantes del gobierno de Venezuela han sostenido diversas rondas de conversaciones con miembros de la oposición. Las del año pasado en la Ciudad de México y en París, encabezadas por Gerardo Blyde, presidente de la Mesa de la Unidad Democrática, y por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional oficial, han contado con el respaldo de los gobiernos de Alberto Fernández en Argentina, Gustavo Petro en Colombia, Andrés Manuel López Obrador en México y Emmanuel Macron en Francia.
Los diálogos han facilitado alguna flexibilización de sanciones comerciales del gobierno de Estados Unidos contra empresas e integrantes de la estructura de poder económico y político de Nicolás Maduro en Venezuela. Las negociaciones, que coinciden con el fin del mandato de Juan Guaidó al frente de la Asamblea Nacional opositora, y su reemplazo por la doctora Dinorah Figuera del partido Primero Justicia, contemplan, del lado opositor, la liberación de presos políticos, un alto a la represión y el regreso de los exiliados.
En una reciente intervención ante la Asamblea Nacional gubernamental, que reemplazó a la Asamblea Nacional Constituyente, una entidad creada por el régimen madurista para acaparar las funciones legislativas legítimas del parlamento, de mayoría opositora, electo en 2015, Maduro dejó claro qué tipo de diálogo sostiene su gobierno. Se trata de charlas con una oposición no reconocida como actor legítimo, ya que, según Maduro, el único parlamento que admite su gobierno es el oficial, instalado en 2021.
Entonces, cuando Jorge Rodríguez se sienta a conversar con Gerardo Blyde, este último no es un verdadero interlocutor. El objetivo de esas conversaciones, estrictamente, no es otro que el repliegue de la presión económica por parte de Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Europea. Los opositores tienen esperanzas en que las pláticas permitan llegar a acuerdos que garanticen un mínimo de equidad en las elecciones presidenciales de 2024, pero el discurso oficial venezolano ofrece pocas expectativas.
Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez y otros líderes oficiales han reiterado en estos días que el término del mandato interino de Guaidó significa la conclusión de toda autoridad opositora. Pero lo cierto es que Guaidó ha sido reemplazado dentro de una institución parlamentaria, anterior a la Asamblea Nacional Constituyente, que reclama el origen de su legitimidad en las elecciones legislativas de 2015.
¿Cómo puede contribuirse a un clima de reconocimiento mutuo, que facilite una contienda electoral relativamente equilibrada y representativa, en 2024, si se parte de la negación oficial de la investidura de la Asamblea Nacional opositora? A juzgar por el manejo oficial del diálogo, la prioridad del madurismo no es una normalización interna de su hegemonía sino una distensión exterior, que le permita perpetuar su poder omnímodo.
