Es difícil interpretar el juicio en contra de Genaro García Luna. La razón es que todo resulta de alguna manera posible y también parte de una estrategia para desacreditar a actores políticos que fueron parte importante en la gobernabilidad del país.
Un testigo protegido es capaz de decir cualquier cosa con tal de cuidarse la espalda. Es probable que algunos de los testimonios se muevan bajo esta condición. Mucho de lo que ha pasado en la corte de Nueva York puede ser cierto, pero hay que tener cuidado con lo que se dice.
Ayer el Presidente aseguró que no se adelantarán juicios, refiriéndose a las acusaciones en contra del periódico El Universal, el cual, presumiblemente, recibió millones de pesos para cuidar la imagen de García Luna a quien desde aquel tiempo se le relacionaba con narcotraficantes.
Lo que es un hecho es que la confusa y fallida estrategia en contra de la delincuencia organizada en tiempos de Felipe Calderón dejó una herencia que a la fecha no se ha podido superar. El gobierno actual en algunos aspectos ha continuado en dicha línea por más que haya puesto por delante los abrazos y no los balazos.
Con Peña Nieto la estrategia fue materialmente una continuación de la de Calderón. El expanista llamó a la guerra contra el narco para después decir que no era guerra, en tanto que el impopular mexiquense sin mencionarlo acabó actuando igual.
Muchas cosas pasaron, las cuales tuvieron como actor central a García Luna. Se movía a sus anchas y casi que por obvias razones su relación era estrecha con Felipe Calderón en medio de una comunicación que debió ser continua, sistemática y obligada casi que por principio.
Es por ello que los testimonios que se van conociendo caen en el terreno de lo posible. La estrategia de seguridad por ningún motivo puede estar ajena al radar del Ejecutivo y más con todo lo que había ofrecido Calderón en campaña. A pesar de que la política de seguridad se diseñe en otra oficina es el Presidente quien se encarga de avalarla y dar el visto bueno.
Calderón negó ayer que haya pactado con criminales, como lo hizo saber quien era el procurador de Nayarit, y que ahora hace las veces de testigo de la fiscalía. “Lo que señala sobre mí es una absoluta mentira… nunca negocié ni pacté con criminales”, tuiteó e informó que dará sus opiniones sobre el caso cuando termine el juicio.
Era previsible que surgiera el nombre del expresidente. Hay muchos que quieren verlo contra la pared, pero de que se le mencione a que se comprueben presuntas responsabilidades en medio de una relación directa con la delincuencia organizada todavía hay un trecho.
El testimonio del exfiscal de Nayarit genera muchas interrogantes, porque fue precisamente en su gestión cuando el Cártel de Sinaloa se expandió en el estado y, sobre todo, bajo una gran libertad. Una hipótesis sobre esto es que las directrices hayan venido desde García Luna, la otra es que Veytia lo haya hecho por decisión propia y ahora anda buscando a quien llevarse con sus testimonios.
La justicia estadounidense lo tiene sentenciado a 20 años de prisión debido a que se le encontró responsable de nexos con el narcotráfico en el proceso de distribución hacia EU. El testimonio de Veytia pudiera ser importante, porque formaba parte del círculo de decisiones en materia de seguridad y sin duda estaba bien informado.
Estamos viendo apenas los prolegómenos de lo que se viene. En la medida en que avance el juicio la fiscalía tendrá que presentar algo más que testimonios, está obligada a presentar pruebas concretas y si eso sucede ahí sí van a tronar los huesos en medio de lo que podría ser la previsible euforia en Palacio Nacional.
RESQUICIOS.
Layda Sansores está en el centro de la atención y del escándalo. Ayer Lía Limón presentó siete demandas en su contra por su gestión como delegada, el lunes se presentaron videos de su gente recibiendo dinero a la usanza bejaranista; anoche debió responder en medio de la estridencia.
