Evaluar la calidad de la educación resulta siempre relevante, no sólo para tener una referencia de lo bueno y lo malo que se hace en política educativa, sino porque aquello que no se mide, no puede mejorarse.
La Prueba PISA —Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos—, implementada por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), de la que México es miembro, es una evaluación internacional que mide la calidad de la educación del alumnado de entre 15 y 16 años de edad, de 81 países en áreas de ciencias, comprensión de lectura y matemáticas, con la intención de mejorar los procesos educativos en todos los niveles.
En la edición de 2022 —realizada con un año de retraso ante la negativa de nuestro Gobierno de participar— México se ubicó en el lugar 57 de los 81 países que tomaron parte en la prueba, con los peores resultados para el estudiantado de nuestro país desde que se tienen registros y con un retroceso en todas las áreas evaluadas.
Participar en este tipo de ejercicios estandarizados cobra mayor relevancia cuando —por un lado— aún son muy palpables las terribles secuelas en materia educativa que dejó la pandemia, cuyos efectos, sin duda, marcarán a toda una generación de estudiantes que, como mejor pudo, se vio forzada a —en el mejor de los casos— continuar con su educación desde casa.
Y no menos importante resulta que, para el ciclo 2023-2024, se modificaron los planes de estudio hacia la llamada “nueva escuela mexicana”, por lo que una primera fotografía del panorama, tras su reciente implementación, sería de todo el interés.
Sin embargo, México no ha tomado parte en las reuniones preliminares sobre la realización de la prueba del próximo año, no ha cubierto la cuota de financiamiento que le corresponde, no ha realizado los exámenes piloto del final de cada año escolar para el diseño de las preguntas y se encuentra contra reloj para realizar las pruebas de campo necesarias, mismas que tendría que llevar a cabo antes de que concluya el año para poder participar.
A todas luces, es muy probable que nuestro país no participe en la evaluación de 2025, simple y llanamente por decisión de la actual administración, a la que este tipo de pruebas —y cualquier otra que exhiba objetivamente, con datos duros, sus deficiencias— simplemente no le gustan, por lo que representan —mediciones “neoliberales”— y por los resultados que arrojan —calidad educativa paupérrima respecto al resto de países de la OCDE—.
No olvidemos que una de las primeras medidas impulsadas por el actual Presidente fue concretar la desaparición del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), en mayo de 2019, apenas durante su primer semestre de gestión. A tan sólo un lustro de distancia, algunas consecuencias de esa lamentable decisión ya saltan a la vista.
En un país donde la desigualdad comienza con la imposibilidad de acceder a educación pública de calidad —particularmente a nivel básico y medio—, tratar de “tapar el sol con un dedo” con este tipo de medidas, no hacen más que abonar a que el rezago educativo y la brecha social crezcan aún más.