La propuesta de reforma al Poder Judicial camina entre dudas y confusión. Paradójicamente ésta puede ser una ventaja porque al ser perfectible puede ser enriquecida a través de los foros.
Lo otro, aprobarla en los términos en que está significaría avalar una reforma que no resolvería los problemas de justicia, más bien nos meterían en un sinfín de líos ante los cuales ya no vamos a tener puertas de salida.
Estamos ante uno de los asuntos más importantes y trascendentes de los últimos tiempos. No hay duda que el Poder Judicial tiene que transformarse, el gran asunto está en cómo hacerlo, bajo qué nuevas reglas se debe organizar y, sobre todo, cómo hacer partícipe a la sociedad; todo lo que se haga y no se haga repercutirá en la vida de cada uno de nosotros.
Todos tenemos relación con los aparatos de justicia en cualquiera de sus dimensiones. No sólo eso, muy probablemente alguien cercano a nosotros pudiera estar encarcelado o tener problemas que tengan que ver con la justicia, lo cual nos debe de poner doblemente atentos a lo que suceda porque no estamos exentos en cualquier momento de tener que enfrentar situaciones que nos lleve a los tribunales.
Es cierto que muchos actos de corrupción prevalecen en los juzgados. Sin embargo, al hacer juicios tan tajantes sobre la impartición de justicia se pierde de vista el gran trabajo que el personal del Poder Judicial lleva a cabo. Lo hace con convicción y también porque encuentra en ello la posibilidad de ir ascendiendo en la escala laboral y vivir bajo mejores condiciones de vida a las cuales se tiene derecho.
El Poder Judicial es uno de los tres Poderes de la Unión que tiene sus propias reglas y se define como vigilante y defensor del Estado de derecho. No es un poder que tenga su fuerza necesariamente en la representación popular. Decimos esto porque toma sus decisiones desde la perspectiva de la legalidad, pero no puede pasar por alto los entornos bajo los que vivimos.
Dentro de las críticas que se han venido haciendo, se distinguen entre otras el costo y dineros que rodean al Poder Judicial, particularmente el de los ministros, y el hecho de que desde la Corte se esté legislando.
La delimitación de poderes deja claramente establecido la función de cada uno de ellos. En ocasiones se le exige a la Corte actuar en función de los intereses o de los dictados del Gobierno y en particular del Presidente. Lo que sucede es que mucho, en que las resoluciones no resultan favorables para quienes las plantean, se pasa por alto, no casualmente, que en un buen número de casos se da un manoseo y desaseo de la presentación de los casos.
La resolución de la Corte sobre el famoso viernes negro de finales del año pasado le causó gran encono al Presidente y a su partido. El hecho es que las reformas que se querían validar venían de origen mal estructuradas y fuera de la ley. La propia senadora y exministra Olga Sánchez Cordero dejó claramente establecido en ese mismo momento que no había manera de aprobarlas en la Corte, debido a que estaban fuera de tiempo y forma que establece la ley.
No se soslaya el cúmulo de un buen número de actos de corrupción en los aparatos de justicia, muchos de los cuales están materialmente enquistados.
El gran reto es determinar cómo vamos a sustituir el actual aparato de justicia por otro, porque bajo la dinámica en que se han dado las cosas en este Gobierno, todo lo que huele a pasado es descartado y se le manda al olvido como si lo que si hubiera construido a lo largo de décadas no tuviera valor alguno.
Sería de un riesgo mayúsculo que se imponga una mayoría para definir y establecer una nueva estructura del aparato de justicia. En el fondo sólo tendría el sello de un proyecto que se ve eternizado.
RESQUICIOS.
¿Realmente en Morena y aliados creen que no se necesitan especialistas en derecho para atender los innumerables problemas de justicia como plantea la autollamada “ministra del pueblo”?
