Hace una semana, vimos con asombro una serie de imágenes de ésas que pensamos que estaban superadas y que quisiéramos que se hubieran quedado definitivamente en el penoso pasado latinoamericano: en una asonada militar, un tanque irrumpió en el Palacio Quemado, en la Plaza Murillo, centro neurálgico del poder político en Bolivia.
¿Qué se sabe hasta el momento de ese penoso episodio? Que el hoy destituido y preso jefe del Ejército, Juan José Zúñiga, llevó a cabo el alzamiento militar para “restablecer la democracia” y “liberar a los presos políticos”. Por declaraciones posteriores del propio Zúñiga, se sugiere que el episodio fue posiblemente acordado con el presidente Luis Arce o que, al menos, fue de su conocimiento, en una maniobra para incrementar su alicaída aprobación. Así que, a reserva del avance de las investigaciones del caso, las especulaciones sobre un montaje o un “autogolpe” están en boca de la opinión pública. Adicionalmente, Zúñiga había sido bastante vocal en comentarios públicos sobre la política boliviana. Cosas que ocurren cuando las sociedades se hacen permisivas con el avance del militarismo.
Descontando la afortunada circunstancia de que los hechos del 26 de junio no dejaron víctimas mortales, todo el episodio es profundamente penoso y lamentable. Se inscribe en la patética pugna entre Evo Morales y Luis Arce por el poder y el control del movimiento populista demagógico gobernante —el Movimiento al Socialismo MAS—, que los ha llevado a los dos a la Presidencia, y cuya grieta se profundiza de cara a la elección presidencial de 2025, donde Arce busca la reelección y Evo, superar la decisión del Tribunal Constitucional que —por el momento— le impide buscar un cuarto mandato.
Otrora aliados (Arce fue el exitoso ministro de Economía durante el periodo de esplendor económico del gobierno de Evo), hoy tienen fracturado al oficialismo en la lucha personal por concentrar poder. Hoy el ciclo económico es muy distinto al de aquel periodo 2005-2015 de bonanza gasera, que permitió a Bolivia ser una de las economías con mejor desempeño en Latinoamérica.
Además de la lucha por el poder entre Evo y Arce, en el centro está la precaria institucionalidad democrática boliviana. A principios de año, varios magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Constitucional que concluían su mandato decidieron prorrogarlo para evitar “vacíos de poder”. Ello, porque de acuerdo con la Constitución boliviana, los 26 magistrados de la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional, el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Agroambiental deben ser electos por voto popular, de entre una selección aprobada por el Legislativo, pero las pugnas internas en el oficialismo no permitieron que se emitiera la convocatoria respectiva. Mientras tanto, diversos líderes opositores han sido juzgados y encarcelados, como Jeanine Áñez (expresidenta) y Luis Fernando Camacho (exgobernador de Santa Cruz). En suma, el Poder Judicial está convertido en un brazo operador de la agenda política autoritaria del gobierno, con todo y ese sistema de elección popular de jueces y magistrados del que tan bien se habla hoy por el oficialismo de nuestro país y al que, ominosamente, se busca imitar.