La resolución que están por tomar el TEPJF y el INE sobre si hay o no sobrerrepresentación para decidir la conformación del Congreso ya se perfila.
El Gobierno se ha convertido en un actor central. Entre el Presidente y la militante titular de Gobernación se han dedicado a interpretar las leyes omitiendo los escenarios que se han presentado en los últimos años. Han echado a andar toda la maquinaria para presionar a la autoridad electoral, la cual ha pasado por un proceso de cambio que ha llevado a la presunción de que quedó integrada por personas cercanas al Presidente y su partido.
El problema que tienen el INE y el TEPJF es que en los últimos años el criterio ha sido aleatorio. Igual se ha tomado como base los votos en lo particular a los partidos políticos para definir el número de diputados que a las alianzas electorales.
La oposición está tratando de que el criterio que prevalezca sea el de aplicar en la interpretación de la ley que el número de diputados se defina en función de la votación por partidos, lo que permitiría que no se alcanzara mayoría calificada en diputados y senadores por parte del oficialismo.
Lo que debería imperar es el espíritu original que el constituyente planteó, que es impedir que haya una sobrerrepresentación, la cual no se alcanzaría si se aplica el criterio de conceder diputados y senadores en función de los votos que alcanzó cada partido y no con base en las alianzas.
Lo paradójico es que esta propuesta es producto de quienes hoy son el oficialismo. La otra gran paradoja es que la oposición ha presionado, en sus tiempos de mayoría, para que el criterio que prevalezca les permita tener una mayoría calificada; en algún sentido oficialismo y oposición tienen en su contra razón.
Independientemente de lo que decida la autoridad electoral, el caso es un ejemplo más de cómo la utilización de las leyes va en línea directa con la conveniencia de quienes ejercen el poder. Si una resolución del Poder Judicial le viene bien al poder en turno aparecen los reconocimientos, pero si sucede lo contrario se dejan venir todo tipo de adjetivos.
Ésta ha sido la constante de muchos años, la cual en este sexenio se ha extendido a los institutos autónomos. No logramos tener el justo medio de las cosas, porque en medio del maniqueísmo muchos asuntos terminan siendo buenos o malos en sus resoluciones en función de intereses y conveniencias del poder.
Sin dejar de reconocer los grandes problemas que existen en el Poder Judicial no se puede soslayar que en una gran cantidad de casos las decisiones de los jueces van en línea directa con lo que tienen en la mesa, con lo que las fiscalías presentan como pruebas, las cuales en muchas ocasiones son insuficientes o dejan espacios a que la defensa de los presuntos delincuentes encuentre rendijas para tener elementos para poder liberar a sus clientes.
El tema no se circunscribe al aquí y ahora. Durante muchos años el manoseo de las leyes ha permitido una gran cantidad de irregularidades que en un buen número de casos a quien más afecta es a quienes menos tienen.
El Presidente a menudo se refiere a la importancia del Estado de derecho. Lo cierto es que en muchas ocasiones él es quien le pasa por encima. Cuando alguna autoridad le plantea la importancia de que se circunscriba a las leyes apela a la libertad de expresión y que su pecho no es bodega.
Hemos visto durante mucho tiempo cómo desde el poder se presiona a los jueces. En este sexenio se llegó al límite, lo cual mucho tiene que ver con tener elementos para llevar a cabo una reforma judicial, la cual nos puede llevar a terrenos más oscuros con la desventaja de que todo será corregido y aumentado.
RESQUICIOS.
Los caminos se le cierran a Joe Biden. Sus confusiones son una constante, son algo más que un meme. A Barack Obama seguramente le costó trabajo plantear que Biden tiene que reconsiderar su candidatura, pero es evidente que está viendo lo que vemos todos.
