Los derroteros que va tomando el conflicto post electoral de Venezuela son un asunto que si bien, por supuesto, incumben a esa nación sudamericana en primerísimo lugar, tienen también gran relevancia para la comunidad internacional.
El 28 de julio se celebraron los comicios presidenciales, en un contexto de limitada integridad electoral. Como se sabe, no pudieron participar por la oposición candidaturas óptimas —específicamente, María Corina Machado—, debido a impedimentos legaloides impuestos por el régimen despótico de Nicolás Maduro. Por otra parte, si bien hubo cierto grado de apertura para que la oposición pudiera realizar su campaña electoral, los recursos del Estado venezolano puestos al servicio de Maduro, las persecuciones contra los opositores y las dificultades a las que se les sometió, así como el amedrentamiento generalizado hacia los votantes durante la campaña y el día mismo de la elección (incluyendo los tramposos obstáculos para que la ciudadanía venezolana, residente en el exterior, pudiera votar), fueron algunas de las múltiples señales de la preparación de una elección de Estado.
El problema es que ni siquiera así la tiranía chavista pudo ganar la elección y ahora —nada sorprendente— no hay voluntad política alguna por su parte para aceptar los resultados electorales. Lo que han demostrado las actas es consistente con las encuestas previas: Edmundo González Urrutia (Plataforma Unitaria Democrática), de la mano de María Corina Machado, es el ganador de la contienda, y así ha sido reconocido en general por la comunidad internacional. El problema para el CNE reside en aceptar que la oposición publicó todas las actas con los resultados de la votación que confirman el triunfo opositor, mientras que la autoridad electoral, fiel lacaya de la dictadura madurista, se ha puesto al servicio del tirano, como era de esperarse, y ha determinado la reelección presidencial y la continuidad del régimen (ojo aquí con México y lo que puede pasar si se llegan a aprobar las reformas que quieren regresarnos a los tiempos en los que las autoridades electorales estaban al servicio de un régimen autoritario).
En los diez días, desde que se celebró la elección, hemos presenciado un conflicto post electoral muy complejo. Como era de esperarse, el régimen ha respondido con más represión y violencia: detenciones, desapariciones y encarcelamientos masivos, e inclusive asesinatos entre las filas opositoras. Es patético que como “logro” electoral, Maduro esté presumiendo los datos de los opositores en prisión. Esto, por supuesto, genera un enorme riesgo para Machado y González, quienes, incluso bajo amenaza de captura, siguen liderando estratégicamente la resistencia democrática.
Distintos organismos internacionales y gobiernos democráticos del mundo se han manifestado, desconociendo los resultados presentados por Maduro, e incluso algunos reconociendo el triunfo de Edmundo González. De ese lado están la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Japón y la inmensa mayoría de gobiernos europeos y latinoamericanos, defendiendo la democracia y los derechos humanos. Del otro, por desgracia, está nuevamente México, en vergonzosa compañía de un puñado de tiranos y demagogos —como ya ha sucedido demasiadas veces en los últimos 5 años—, defendiendo lo indefendible, amparándose en un muy mal entendido concepto de “no intervención” (lo que es, en el fondo, una intervención… en defensa de la dictadura).