Ahora que la tempestad arrecia, el Inai debería de hacer gala de su historia. Lejos de los ataques que suele recibir, por un supuesto y fantasioso origen neoliberal, lo que se puede constatar, y con facilidad, es su adscripción a lo que fue una de las iniciativas ciudadanas de mayor trascendencia y que logró vencer múltiples resistencias del propio poder político.
En mayo de 2001, un grupo de académicos y de periodistas se reunieron para hablar del derecho a la información y reforma democrática.
Ahí decidieron que era urgente transitar a una aventura en la que el derecho a la información, ya estipulado en el Artículo 6 de la Constitución, contara con una ley secundaria que lo hiciera una realidad.
Así surgió el Grupo Oaxaca que influyó, de manera decisiva, en la elaboración de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la que se aprobó en la Cámara de Diputados en junio de 2002 por unanimidad y que daría origen al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) en 2003.
En el documento inicial, el Grupo Oaxaca especificaba la necesidad de “crear una figura de autoridad independiente, que deberá tener a su cargo la importantísima tarea de resolver cuando haya controversias”.
Una de las características de ese esfuerzo consistió en elaborar una propuesta para presentarla a los diputados. En ello trabajaron, como integrantes de la comisión técnica, Juan Francisco Escobedo, Issa Luna Pla, Jorge Islas, Salvador Nava, Roberto Rock, Luis Ernesto Salomón, Luis Fernando Solana, Miguel Bernardo Treviño, Jenaro Villamil y Ernesto Villanueva.
Lo que son las cosas, uno de los primeros legisladores en firmar la propuesta fue el coordinador del PRD, Martí Batres, como refiere Escobedo en “Una flecha que dio en el blanco en un país en penumbra”, que forma parte de “La agenda democrática del Grupo Oaxaca: balance y futuro”.
A las discusiones también se sumarían, en su momento, los liderazgos del PRI y del PAN en San Lázaro, Beatriz Paredes Rangel y Felipe Calderón.
En el Gobierno de Vicente Fox avanzar en esa legislación no era una prioridad, pero se acoplaron a la exigencia de la sociedad. Entre todos rompieron el ostión autoritario.
El derecho a saber no es cuestionado por nadie, pero en las burocracias suelen hacer todo lo posible para que ello no se cristalice.
Suprimir o debilitar al Inai no sería un golpe para las élites, sino a los propios ciudadanos, ya que imperará la opacidad.
Quizá ha faltado, y desde la propia sociedad, la enjundia para defender a uno de los órganos que genuinamente es producto del periodo de transición a la democracia.
Todavía recuerdo el día que la plataforma de transparencia empezó a funcionar, y en las redacciones de los diarios la veíamos como la entrada a un laberinto de miles de puertas que podían dar luz a lo que hasta entonces estaba oculto.
