Fue un acierto llevar la primera reunión del Consejo Nacional de Seguridad a Acapulco. Si nos apura mejor hubiera sido hacerla en Culiacán, pero desde hace más de 100 días la ciudad está en vilo por una disputa entre Chapitos y Mayitos en medio de un gobernador que es prescindible.
Acapulco no ha dejado de padecer la inseguridad, a pesar de que se suponía que después de las tragedias se atemperarían los ánimos. La lógica indicaría que las autoridades ejercerían con mayor fuerza y conocimiento sus funciones, se presume que a estas alturas deberían tener un diagnóstico preciso de lo que pasa en el puerto.
En Acapulco hay muy pocos avances, a lo que hay que sumar que muchos ciudadanos siguen viviendo bajo condiciones brutalmente adversas. A estas alturas no tiene razón señalar al pasado bajo la premisa de que dejaron una infinidad de problemas.
Sí fue y también brindó
Como fuere, la reunión de ayer adquiere gran importancia. Una de las razones es que la Presidenta señaló a las y los gobernadores como elemento fundamental para atacar el problema de la inseguridad, es claro que no pueden dejar las cosas en segundos o terceros mandos. La responsabilidad directa está en ellas y ellos. Está visto y comprobado que en el caso en que los gobernadores y las gobernadoras han atendido directamente el problema de alguna manera se presentan avances.
Hay casos que son representativos. Lo que ha venido pasando en Coahuila, Zacatecas en las últimas semanas, en algún sentido en la CDMX y Yucatán. En todos estos estados la participación del Ejecutivo ha sido clave.
No se soslaya que hay problemáticas distintas en el país, pero una constante es que el eje de muchas de las cosas que nos pasan van de la mano de la complicidad de las autoridades con la delincuencia en todos sus órdenes, particularmente con los cárteles de la droga. Un paso importante y quizá lo más rescatable de lo que va de la presente administración es la Operación Enjambre.
A diferencia de lo que pasó con López Obrador, la Presidenta ha optado por una fórmula que busca que haya una comunicación entre las y los gobernadores. Suele suceder que hay titulares del Ejecutivo de estados vecinos que no se hablan ni por asomo.
La Presidenta lo sabe, porque seguramente en sus tiempos de Jefa de la CDMX no tuvo comunicación con muchos gobernadores de la zona metropolitana. Los estados no pueden estar esperando que, con el nombramiento de un militar, los problemas se resuelvan casi que en automático. La complejidad de los problemas coloca a fiscales y jefes de seguridad bajo condiciones adversas en que es muy difícil resolver los problemas que acogen algunas entidades.
Lo que es importante es que no se entre en terrenos contemplativos o que se crea que las cosas están cambiando de manera sustantiva, como lo dijo ayer sorpresivamente el titular de la fiscalía.
No hay manera de que así sea cuando la tasa de asesinatos sigue siendo muy alta, la inseguridad en muchos estados se mantiene y, particularmente, porque diferentes entidades del país están en manos de la delincuencia organizada; dicho de otra manera, hemos perdido como nación territorios, los cuales están en manos de los delincuentes en su complicidad con las autoridades.
Una de las grandes claves está en que cada estado tenga un diagnóstico preciso de lo que está pasando y que se esté actuando. De nada sirve seguir esperando que desde el centro les manden personas a cargos públicos o que envíen soldados y a la Guardia Nacional.
Si no hay claridad, de nada va a servir mandar regimientos enteros. La responsabilidad está en los mandatarios estatales, no se vale hacerse a un lado y menos seguir con la cantaleta de que es culpa del pasado.
Un buen saque el de Acapulco.
RESQUICIOS.
En su último informe, la presidenta de la Corte, Norma Piña, habló de la constante de los últimos años: la narrativa para desacreditar al Poder Judicial. No son los “últimos manotazos” es más bien la radiografía de una narrativa.
