El pasado 12 de agosto, en el periódico oficial del gobierno se publicó una lista de 15 organizaciones de la sociedad civil que, mediante decreto, quedaban disueltas jurídicamente y, además, debían entregar inmediatamente todos sus bienes a las autoridades.
La decisión no tuvo mucha atención pública, pero sucedió en Nicaragua y, desafortunadamente, ya casi no es una noticia, pues el ataque contra las organizaciones civiles ha sido sistemático en el régimen autoritario de Daniel Ortega.
El gobierno de Daniel Ortega y su vicepresidenta (y esposa), Rosario Murillo, ha regresado a Nicaragua a una dictadura en la que la persecución del Estado contra todas las personas que le incomodan ha llegado a extremos preocupantes. El gobierno se ha lanzado a una operación para destruir la vida de quienes lo cuestionan, como ha sucedido con los cientos de opositores, periodistas y académicos a los que el régimen les ha quitado la nacionalidad y los ha expulsado del país, así como con las organizaciones no gubernamentales, que han sido otro objetivo a destruir. Hasta el momento, más de 3,600 organizaciones de la sociedad civil de Nicaragua han sido disueltas por órdenes del gobierno.
Al inicio de 2018 en Nicaragua se tenían registros de 7,227 organizaciones no gubernamentales activas. El régimen de Daniel Ortega ha logrado destruir a la mitad de la sociedad civil nicaragüense, pues con sus
actividades se han convertido en enemigos del régimen al hacer labores tan cuestionables, como documentar los asesinatos de estudiantes cometidos por las fuerzas militares y paramilitares.
Bajo la figura de la sociedad civil no sólo se encuentran grupos de activistas por los derechos humanos, sino que hay una gran variedad de labores como medios de comunicación independientes, grupos de caridad, investigadores de temas de corrupción, defensores del medioambiente y muchas más, que se han convertido en enemigos del gobierno, pues sus actividades las han llevado a señalar o documentar problemas públicos que las autoridades no quisieran que se dieran a conocer. Así es como las asociaciones religiosas han sido otro blanco del gobierno nicaragüense, pues al haber protegido a los estudiantes que el régimen persiguió y asesinó en 2018, dieron voz a unas víctimas que de otro modo habrían quedado en el olvido.
El régimen de Ortega ha destruido a todas estas organizaciones y ha perseguido a sus integrantes bajo una narrativa común, pues ha acusado a todos los que lo cuestionan de ser agentes que responden a intereses extranjeros y que cometen actos de traición a la patria. Bajo esta narrativa, se han modificado las disposiciones legales para endurecer las reglas contra las organizaciones civiles, en la mayor parte de los casos bajo acusaciones de irregularidades en sus finanzas, y así permitir cerrarlas a diestra y siniestra. Es necesario poner atención en estas narrativas y acciones, pues la sociedad civil activa es un requisito indispensable para una democracia. Donde se ataca a la sociedad civil usualmente es en regímenes que avanzan en sentido contrario, pues discursos equivalentes hoy animan la persecución en otras latitudes.
