La legisladora de la asociación parlamentaria Mujeres por el Comercio Feminista e Incluyente, Diana Sánchez Barrios, quien reconoció que las amenazas de muerte en su contra continúan, dijo que buscará dialogar con la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, para proponerle una iniciativa que favorezca al sector ambulante, por ejemplo, con una credencialización.
En entrevista con La Razón, la legisladora resaltó que independientemente de quienes sean los líderes de comerciantes, ninguno debe ser víctima de violencia y extorsión, por lo cual es necesario una ley actualizada que beneficie a los vendedores para su regulación.
“Yo estoy convencida que la Jefa de Gobierno trae una perspectiva humanista, de la subsistencia humana y creo que en esta legislatura vamos a lograr incidir en que exista un marco jurídico para todo el sector del comercio, mal llamado informal, porque en esta ciudad son más de dos millones de personas.
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“No tenemos que ver qué organización los representa, tenemos que velar por el derecho de las personas que salen a trabajar para llevar el pan a su casa, tenemos que tener un entendimiento muy claro, mientras no exista un marco jurídico no va a haber reglas claras”, compartió.
Diana Sánchez mencionó que una vez que se actualice la ley, los vendedores ambulantes podrán dotarse de derechos y obligaciones, además, se definirían espacios donde se pueda trabajar, horarios y gafetes que muestren la identidad, pues expuso que hay delincuentes que se hacen pasar por comerciantes.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, actualmente hay hasta el tercer trimestre de 2024 registró de dos millones 215 mil 259 trabajadores informales.
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Los datos muestran que en el cuarto trimestre de 2019 el instituto reportó 2.1 millones de personas en la informalidad laboral. Para el siguiente año, desde el primero y hasta el tercer trimestre, la cifra cayó hasta 1.5 millones, lo cual estaría relacionado con la suspensión de actividades debido a la enfermedad.
Posterior a la emergencia sanitaria, la informalidad comenzó a crecer a los niveles de la época post-SARS-CoV-2. El tercer trimestre de 2024 cerró con 2.2 millones de personas en este estatus laboral.
Respecto a la extorsión a comerciantes, Sánchez Barrios indicó que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) debe dotarse de tecnología para identificar a quienes cometen este delito.
La legisladora añadió que la zona centro requiere trabajo interinstitucional entre la Autoridad del Centro Histórico, la Secretaría del Trabajo, el Gobierno capitalino, entre otras, para que haya una ley favorable en distintos ámbitos.
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“Tienen que haber un diagnóstico situacional, esto les va dar un mapeo muy claro, es decir, dónde está delimitada cada organización porque hay muchos independientes que maneja la autoridad, o unos que solos se defienden, hay familias con necesidad que entre ellos se defienden, no tenemos que mirar de quién son desde una perspectiva de derechos humanos”, subrayó.
Ayer, en conferencia, Sánchez Barrios comentó que es necesario abrir la discusión respecto al comercio ambulante en la capital, por lo que propuso la renovación de la ley Chambeando Ando.
“Es importante empezar a abrir esta gran discusión en el Congreso de la Ciudad de México, a los ciudadanos, empresarios, vecinos y la academia; vamos a poner las hojas abiertas para que se haga una discusión y un enriquecimiento bueno para lograr el objetivo de que sea una ley funcional, objetiva para el sector de comercio en la administración pública.
“Vamos a buscar a la Jefa de Gobierno para presentarle esta propuesta, con los compañeros diputados para poder incidir y lograr un objetivo, tenemos que garantizar ser ejemplo de la ley de comercio en el espacio público”, abundó la líder de comerciantes, quien el 3 de febrero tomó protesta como legisladora.
“Vamos a hacer propuestas del uso de la tecnología para la seguridad pública, facilitar e incentivar la participación ciudadana, ampliar la protección y cobertura de la salud de la población trans, que saben que la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene una estadística corta y no hemos logrado incidir en la ciudad ni en el país”, dijo.
Persiste el peligro. Sánchez Barrios resaltó que, a pesar del atentado que sufrió el pasado 17 de octubre se mantiene motivada para continuar con su labor activista e impulsar el acceso a los derechos humanos de sectores vulnerables.
La activista denunció que hasta la fecha continúan las amenazas por parte de sus familiares, por lo que teme por su seguridad, pero reconoció el respaldo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y su pronto actuar.
“Tengo miedo, pero la vida sigue con todas estas adversidades, si quiero reconocer la eficacia de la Fiscalía para detener a las personas que cometieron este atentado terrible que perdió la vida mi primo David, que perdió la vida Víctor, que casi pierdo la vida con cinco balazos, por supuesto que la vida cambia.
“Yo denuncié en su momento a algunos familiares que me amenazaron y extorsionaron por cinco millones de pesos y las amenazas continúan”, expresó.
Sánchez Barrios sostuvo que perdió 30 por ciento de su pulmón y también sufrió daños en su mentón, en ese sentido, dijo que a la capital le urge prestar atención en la seguridad para que ninguna persona sufra daños como secuelas de delitos de alto impacto.
