La administración Biden inició el 19 de agosto las acciones del programa Keeping Families Together (Mantener familias unidas), mediante el cual ciertos individuos que viven de manera irregular en territorio de Estados Unidos puedan remediar su estatus migratorio.
El programa está dirigido especialmente a los cónyuges de ciudadanos estadounidenses que puedan probar una residencia continua de 10 años. Deberán además carecer de antecedentes criminales, aprobar revisiones de seguridad nacional y enviar sus datos biométricos. Cálculos oficiales estiman que hay alrededor de 500 mil personas que podrían beneficiarse del esquema. Normalmente en estos casos el migrante irregular debe abandonar el país y hacer su solicitud desde fuera, proceso que puede demorar años. Esto implica la desintegración familiar por largos periodos o de manera permanente. Quienes sean admitidos al programa podrán obtener un permiso que les permitiría seguir residiendo en Estados Unidos mientras se decide si obtienen la residencia legal.
Con apenas una semana de vigencia, el programa fue suspendido el 26 de agosto por una resolución emitida por J. Campbell Barker, juez del distrito del Este de Texas. La suspensión, vigente durante dos semanas, es una respuesta a una demanda interpuesta en contra del Departamento de Seguridad Interior por 16 fiscales de estados gobernados por los republicanos. Encabezados por Ken Paxton, fiscal general de Texas, argumentan que el esquema federal viola directamente las leyes creadas por el Congreso y equivale a amnistiar sin condiciones a criminales que entraron ilegalmente al país. En su demanda, Paxton señaló también que el programa es un fraude a los contribuyentes que han financiado los servicios de salud y de educación utilizados por los migrantes indocumentados. El juez determinó que las demandas de los estados son sustanciales y ameritan recibir una mayor consideración. No es ocioso mencionar que el titular del juzgado de distrito este en Texas fue propuesto para ocupar esa posición por el entonces presidente Trump en 2017. Antes de ser juez de distrito, Campbell fue durante dos años vicefiscal en Texas, distinguiéndose por su línea dura en contra de los migrantes, el derecho de las mujeres para abortar y la igualdad de las parejas del mismo sexo. Tampoco que, desde su arribo a esa posición, el juzgado a su cargo se ha convertido en una sede favorita para que grupos afines a ideas conservadoras impugnen los programas federales de la administración Biden.
La resolución ordenó al Departamento de Seguridad Interior abstenerse de conceder ninguna amnistía, pero no le impide recibir solicitudes. Los migrantes pueden acogerse a los beneficios del esquema, pero sus peticiones no serán procesadas mientras la suspensión siga vigente. Si bien la suspensión original vencía hoy 9 de septiembre, el pasado viernes el juez Campbell decidió prorrogarla por dos semanas más, es decir que estará vigente hasta el 23 de septiembre. La audiencia para escuchar alegatos de las partes está programada para el 18 de septiembre, pero nada impide al juez extender la suspensión. Seguiremos pendientes de la evolución legal del programa.
