Proceso electoral local
En IECM ven compleja la elección en puerta
Señalan que cada proceso electoral impone retos a quienes conforman los órganos administrativos electorales
El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) organizó ayer el seminario “El Procedimiento Especial Sancionador en los últimos procesos electorales”, el cual forma parte del programa de capacitación al personal de la Dirección de Procedimientos Administrativos Sancionadores, de la Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos.
En el marco de los trabajos previos con miras al proceso electoral local ordinario 2023-2024, el seminario fue impartido por el magistrado presidente de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Rubén Jesús Lara Patrón.
Durante la presentación, la consejera presidenta del IECM, Patricia Avendaño Durán, señaló que cada proceso electoral impone retos a quienes conforman los órganos administrativos electorales y jurisdiccionales bajo la lógica de progresividad para la ampliación y defensa de los derechos.
Destacó la necesidad de seguir trabajando para evitar retrocesos en la consolidación del ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía y en los logros alcanzados por los órganos jurisdiccionales en las etapas de la cadena impugnativa, conforme a lo establecido en las leyes y frente a posibles reformas.
A su vez, la presidenta de la Comisión Permanente de Quejas del IECM, Erika Estrada Ruiz, celebró la realización del seminario, y comentó que el proceso en puerta se perfila complejo, por lo que aseguró que “en el órgano electoral capitalino estaremos preparados para ello”.
Aseguró que, a pesar de que el papel del árbitro electoral en ocasiones resulta incómodo para algunos actores, la labor de las autoridades es construir los cimientos para que ese papel se realice bajo los principios de objetividad, certeza e imparcialidad.
En su ponencia, el magistrado Lara Patrón consideró que se vive una época político-electoral especial en lo referente al procedimiento especial sancionador, que coloca a las autoridades ante retos inéditos, por lo que su trabajo deberá estar basado en las herramientas jurídicas disponibles.