Tribunal permite servicios de aborto voluntario en Chihuahua

El Tribunal Colegiado del Poder Judicial de la Federación ordenó a la Secretaría de Salud del Estado de Chihuahua brindar servicios de aborto voluntario hasta la semana 12.6 de gestación, con lo cual la entidad avanza en el camino de despenalizar la interrupción del embarazo.

A través de un comunicado, el colectivo Marea Verde Chihuahua difundió la decisión del Tribunal, y explicó que con ésta se concluyen los trabajos iniciados desde 2021 en favor de la salud reproductiva de las personas gestantes en Chihuahua.

“Este enorme esfuerzo colectivo ha dado frutos y se lograron estas tres sentencias en las cuales el Tribunal Colegiado reconoció que las autoridades de Chihuahua están violando los derechos reproductivos de las mujeres cis, personas trans y no binaries del estado al negarse a proporcionar servicios de aborto voluntario en sus hospitales y clínicas”, destaca el comunicado.

“Esta negativa de acceso es una violación al artículo 4° constitucional, el cual protege el derecho humano a decidir tal y como afirmó la SCJN en la sentencia de la acción de inconstitucionalidad 148/2017 de Colombia”, abunda.

En una rueda de prensa, los colectivos este colectivo, junto con Cheros, Red de Aborto Seguro, Morrxs Autónomxs y Abortistas Mx celebraron la decisión tomada por el Tribunal.

“Logramos que se esté cumpliendo la Constitución, ninguna otra ley puede estar por encima de la Constitución. El Congreso del Estado tiene la obligación de reformar el Código Penal, pero no podemos esperar a que decidan ponerse a trabajar mientras que se violan los derechos humanos de las personas con posibilidad de gestar”, dijo Nilde Molre, coordinadora de Abortistas Mx.

En octubre de 2023, la Primera Sala de la Suprema Corte amparó a una mujer que presentó una acción contra varios artículos del Código Penal de Chihuahua con el objetivo de que impedir la penalización por la interrupción voluntaria del embarazo.

Ante esto, la Suprema Corte resolvió que “la sola condición de mujer o persona con capacidad de gestar es suficiente para reconocer el interés legítimo para impugnar la regulación del delito de aborto, sin necesidad de que exista un acto de aplicación de las normas penales”.

Colectivos de mujeres celebraron esta decisión como una despenalización definitiva del aborto, si bien esta resolución no implicó una modificación en el Código Penal, por lo cual no se podía considerar resulta esta exigencia.

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