Layda empodera a su secretaria de Seguridad

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, hizo aprobar una reforma a la Ley de Seguridad Pública estatal para fortalecer a la titular del ramo, Marcela Muñoz Martínez, quien tendrá más poder incluso que el secretario general de Gobierno, pese a las quejas por su mal desempeño, que provocaron un paro de policías entre marzo y mayo de este año.

Al mismo tiempo, la mandataria reinició las medidas de represión en contra de los uniformados que se han quejado de los malos tratos de Muñoz Martínez, pues en días pasados diez de ellos fueron despedidos sin recibir indemnización.

En virtud de la reforma aprobada por la mayoría de Morena en el Congreso local, el Consejo Estatal de Seguridad Pública, un órgano desconcentrado que dependía de la Secretaría de Gobierno, estará bajo control de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana.

Y la vicepresidenta del Consejo —en los hechos quien toma todas las decisiones— será Marcela Muñoz Martínez, lo que implica que el secretario de Gobierno, actual vicepresidente, estará supeditado a las instrucciones de la titular de Seguridad, lo mismo que otros integrantes del gabinete.

Trasladar este órgano desconcentrado de Gobierno a Seguridad y Protección Ciudadana implica que Marcela Muñoz tendrá a su disposición recursos humanos y económicos adicionales, los cuales le deberán ser transferidos, según un artículo transitorio de la reforma, en un plazo no mayor a 90 días.

Junto con el Consejo antes mencionado, también pasarán a la Secretaría de Seguridad varios organismos técnicos de apoyo, entre ellos el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, que tiene como finalidad regular el funcionamiento de organismos públicos y privados mediante la evaluación permanente y prácticas de exámenes de control de confianza al personal de las instituciones policiales, de procuración de justicia y centros de reinserción social.

Esto implica que Marcela Muñoz se evaluará a sí misma y a su personal, pero también a la Policía de Investigación, que depende de la Fiscalía General del Estado de Campeche, institución supuestamente autónoma.

En tanto, policías disidentes dijeron a La Razón que el conflicto con la titular de Seguridad y con la gobernadora no ha terminado, aunque reconocieron que la mayoría tiene temor de volver a protestar, por el clima de represión permanente que existe a raíz del movimiento de marzo.

Denunciaron que a los compañeros que fueron despedidos por estas jornadas de protesta no les han pagado su indemnización, a pesar de que hay resoluciones de jueces federales que los respaldan.

Tampoco han mejorado sus condiciones de trabajo, pues siguen sometidos a jornadas extenuantes y con equipo obsoleto, al grado de que hay por lo menos diez patrullas inservibles.

“A ninguno han indemnizado, ya iniciaron los juicios contenciosos administrativos y la realidad es que después de mirar que más de mil policías se manifestaron antes y no pasó nada, ya muchos compañeros tienen miedo a la represión de Layda”, dijo uno de los entrevistados.

Los disidentes consideraron que el concentrar todas las funciones del Consejo Estatal de Seguridad en Marcela Muñoz implica un conflicto de interés, ya que tiene familiares en varios de los organismos técnicos que forman parte del sistema.

Añadieron que no han sido atendidas las demandas que llevaron a la realización de un paro de labores entre marzo y mayo de este año, pues tienen que laborar sin armas o con algunas muy viejas, y con uniformes ya muy desgastados.

TEMOR POR MENSAJES. Este jueves aparecieron por segundo día consecutivo narcomantas en la capital del estado, lo que ha generado temor entre la población. Los mensajes fueron dejados durante la madrugada, una bajo el puente de Chiná, otra en la colonia Jardines y otra más en La Esperanza.

Una de las tres mantas aparecidas ayer alude a la creación del grupo “Campechanos Unidos”, el cual tiene el objetivo de “limpiar a Campeche de los extorsionadores y cobradores de piso”.

“Nosotros no peleamos con el pueblo, peleamos por un Campeche tranquilo, se les hace una invitación a los trabajadores independientes (a) no dejarse intimidar por estas ratas”, se podía leer en la manta.

Un día antes aparecieron otras tres narcomantas en diferentes puntos de la ciudad de Campeche, firmadas por las siglas “CCNG”, que ciudadanos y medios locales asociaron con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

En los textos del miércoles se exponía un listado de varios nombres y la amenaza de hacer una “limpia” de todas esas personas, con el ultimátum para que los mencionados se fueran de la ciudad en 48 horas.