El gobierno de Morelos, encabezado por Cuauhtémoc Blanco, minimiza los feminicidios y se niega a abordar el problema, al grado de que ha ignorado diez peticiones por escrito que organizaciones sociales han presentado para dialogar sobre el tema.
En entrevista con La Razón, la coordinadora general de la Comisión Independiente de Derechos Humanos (CIDH) en Morelos, Juliana García Quintanilla, aseguró que es tal la “omisión y la negligencia” por parte de las autoridades, que las organizaciones de la sociedad son las que han tenido que dar atención a las familias de mujeres víctimas de feminicidio o de algún otro tipo de violencia en razón de género.
Explicó que en lo que va del año las OSC tienen un registro de 27 mujeres asesinadas con violencia, pero muy poco de esos casos son investigados como feminicidio, lo que hace que el fenómeno sea minimizado.
García Quintanilla lamentó que hay una gran disparidad en las cifras debido a que a pesar de existir desde 2015 una Alerta por Violencia de Género (AVG) en ocho de los 36 municipios, no todos los feminicidios se investigan como tales porque el gobierno no quiere “estar en la mira”.
El caso más reciente de asesinato en contra de una mujer fue el de Laura Yanet González, de 19 años de edad, cuyo cuerpo fue localizado con huellas de golpes el pasado lunes en la carretera Alpuyeca-Grutas, a la altura de La Toma, en la colonia Atzopan, de Tetecala.
El tema es que no se quiere visibilizar la violencia (hacia las mujeres) aquí en Morelos, no quieren dar ese paso, que además tenemos ocho municipios con Alerta de Violencia de Género y que no se están atendiendo realmente estas alertas con lo que se debe de hacerClarisa Manrique, Integrante de Colectiva Venadas
Este crimen provocó una manifestación ese mismo día, en la que pobladores de este municipio, de donde ella era originaria, exigieron al gobierno estatal justicia.
Pero esta agresión tampoco será catalogada como feminicidio, ya que de acuerdo con el fiscal de justicia de Morelos, Uriel Carmona, la principal línea de investigación es la posible venganza en contra de su padre, quien es invidente.
Al respecto, Juliana García Quintanilla dijo: “El gobierno siempre declara algo distinto a lo que sucede, minimiza porque no quiere estar con la mira de los reflectores de todos lados y le digan no estás atendiendo la alerta, que tienes que tener cero tolerancia, y cero tolerancia significaría que el estado tendría que estar difundiendo acciones puntuales y también mandando el mensaje hacia los feminicidas de que aquí se va a apegar a la ley”.
La CIDH, que agrupa a varias organizaciones defensoras de derechos humanos, no es la única que ha alertado sobre esta situación, pues la colectiva Venadas Unidas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) aseguró que en la entidad “no se quiere dar ese paso” para atender la violencia que viven las mujeres en la entidad.
“El tema es que no se quiere visibilizar la violencia (hacia las mujeres) aquí en Morelos, no quieren dar ese paso, que además tenemos ocho municipios con Alerta de Violencia de Género y que no se están atendiendo realmente estas alertas con lo que se debe de hacer”, dijo a este diario Clarisa Manrique, integrante de la colectiva.
Detalló que desde el 2019, de enero a marzo colocan cruces para visibilizar las víctimas de feminicidio en la entidad.
Añadió que en virtud de que las autoridades no quieren cargar con toda la responsabilidad, la colectiva decidió instalar un Observatorio Estudiantil de Violencia de Género, mediante el cual se busca determinar cuáles son los elementos que se necesitan dentro de la universidad para que haya mayor seguridad y exista perspectiva de género.
- El dato: Desde el 2019, colectivas feministas colocan cruces durante el primer trimestre del año en distintos lugares para visibilizar las agresiones en razón de género.
La desaparición de mujeres crece 104%
Desde hace cinco días, el paradero de Debanhi Escobar, una neolonesa de 18 años, es desconocido, y su nombre se inserta en un fenómeno criminal que se duplicó en 18 estados entre 2020 y 2021: la desaparición, la cual aumentó 104.3 por ciento.
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), a nivel nacional, con la suma de las 32 entidades, se ha registrado un repunte del 24 por ciento, pues de dos mil 251 mujeres desaparecidas en el 2020, la cifra se elevó a dos mil 793 en el 2021.
Sin embargo, esta tendencia no fue la misma para todas las entidades, ya que el aumento sólo se observa en 18 donde, en suma, el número de víctimas pasó de mil 40 a dos mil 125.
Según los datos federales, Tabasco tiene el incremento más elevado, con 666.7 por ciento, pues pasó de tres desapariciones en 2020 a 23 en el 2021, cifra que jamás había alcanzado.
No obstante, las entidades con más mujeres desaparecidas son el Estado de México, con 645; Jalisco, 468, y Nuevo León, 265, cuyo porcentaje de aumento fue de 152.9, 87.2 y 25 por ciento, respectivamente.
Para este año, los focos rojos ya están encendidos en otras cuatro entidades, debido a que los números están a punto de tocar el techo del año anterior.
En poco más de un trimestre de este 2022, Durango está a tres casos de alcanzar las 18 desapariciones de mujeres reportadas en todo 2021; en Hidalgo ya van 39, de 45 registradas el año anterior; en Morelos, 94 de 108, y en Tlaxcala ya igualó las cuatro del año pasado.
Por grupo de edad, resalta que, de las cinco mil 44 mujeres desaparecidas entre 2020 y 2021, las que más son reportadas son menores de edad o adultas jóvenes, pues tres mil 378 tienen entre cero y 29 años.
El martes, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU advirtió que en México la impunidad es “casi absoluta” en los casos de personas desaparecidas. Por ello, dio diversas recomendaciones al Gobierno federal, con el fin de mitigar este problema.
Sin duda, la desaparición genera el impacto principal en las personas que lo viven y quienes les rodean en forma cercana; sin embargo, vivir en contextos violentos, donde se observa el actuar criminal, también afecta a quienes desarrollan su vida cotidiana en los espacios, estados y calles donde estos delitos ocurren.
Así lo refirió a La Razón la doctora Laura Merchán, de la Asociación Nacional de Psicología Jurídica, quien puntualizó que la violencia genera víctimas indirectas, “que somos la comunidad en la que se genera un hecho victimizante, violento, pero también una comunidad amplia, como un país”.
“Para la sociedad general, hablamos de un sentimiento de indefensión respecto a la violencia, porque pasa a nuestro alrededor y no podemos hacer absolutamente nada; entonces, empiezan a surgir el miedo y la sensación de vulnerabilidad; por ejemplo, la violencia feminicida. Decimos: ‘bueno, yo soy mujer y ya por eso tengo un factor de vulnerabilidad’, a lo que se suma la desconfianza en las autoridades; entonces, genera un desarraigo cultural y aislamiento, porque la violencia genera una ruptura donde yo ya no me siento parte de una comunidad segura”, explicó.
“Ningún organismo nos va a poner en el banquillo”
En respuesta al informe del Comité contra la Desaparición Forzada de Personas (CED) de ONU sobre las personas ausentes en México, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que ningún organismo internacional va a poner a su gobierno en el banquillo, sobre todo porque se está actuando con legalidad.
“Ningún organismo internacional va a ponernos en el banquillo de los acusados si estamos actuando con legalidad, con humanismo, si no permitimos, si no permitimos la impunidad ¿qué pueden hacer? Nada. Inventar, eso si”, dijo.
En cuanto a las recomendaciones del comité, agregó que la Secretaría de Gobernación ya las estaba atendiendo: “estamos trabajando todo el tiempo para garantizar la paz, enfrentando los intereses del antiguo régimen”.
Comentó que hay casos, como el del exsecretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, quien está preso en Estados Unidos, que se deben informar a la ONU, porque en su visita no vieron nada de los abusos que se cometían antes: “hay que ponerlos al tanto de que es otra realidad y lo está haciendo la Secretaría de Gobernación”.
Sobre la recomendación para desmilitarizar la seguridad pública, el mandatario reviró que el CED no tiene, “con todo respeto, toda la información”, y que no actúan con apego a la verdad.
Al respecto, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez escribió en sus redes sociales: “lamentamos la respuesta presidencial al Informe del Comité CED de la ONU sobre las y los desaparecidos”, y señaló que el organismo no inventó nada, sólo constató la realidad del presente, que no es sólo herencia del pasado.
Con información de Ricardo Moya y Yulia Bonilla