Piden la separación del cargo de juez que liberó a los agresores de María Elena Ríos

La titular de la Secretaría de las Mujeres en el estado de Oaxaca, Anahí Sarmiento Pérez, solicitó la separación del cargo del juez José Gabriel Ramírez, que absolvió a los agresores de la saxofonista María Elena Ríos Ortiz este miércoles 14 de agosto.

En entrevista para La Razón, la secretaria respaldó la postura del gobernador Salomón Jara Cruz y condenó la liberación de los tres agresores. Señaló que en el proceso no hubo perspectiva de género.

El intento de feminicidio contra la también activista ocurrió el 19 de septiembre del 2019, en el municipio de Huajuapan de León, Oaxaca. Por estos hechos fueron señalados como responsables a Juan Antonio Vera Carrizal, Rubicel Hernández Ríos y Rubén Loaiza Chávez.

Salomón Jara condenó liberación de Vera Carrizal

Previamente, el gobernador Salomón Jara condenó la liberación de Juan Antonio Vera Carrizal, y a través de redes sociales señaló que lo ocurrido es una muestra de lo corrupto del Poder Judicial.

“La terrible absolución y liberación de Juan Antonio Vera Carrizal, es una muestra más de la corrupción y putrefacción del Poder Judicial. Condeno enérgicamente el fallo de un juez criminal y cómplice del victimario, que lastima a la justicia y a todas las víctimas de la violencia feminicida. Es hora de reformar el Poder Judicial para que en Oaxaca no prevalezca la impunidad”, dijo el mandatario estatal.

Liberación de agresor vulnera derechos de María Elena

Anahí Sarmiento Pérez señaló que la determinación del juez vulnera los derechos de María Elena Ríos y los de todas las mujeres, pues “hay un sistema de justicia que está haciendo omiso con los derechos de las mujeres. Está encubriendo a los violentadores y como tal es necesario pensar en una profunda reforma que nos lleve a las mujeres a tener la garantía de tener sentencias y juzgadores con perspectiva de género, para que de esta forma se logren sentencias que sean ejemplares y logremos, también, tener una disminución en los delitos ”.

La funcionaria enfatizó que es importante que los juzgadores y las autoridades actúen con razón de género sobre todos en caso como el de Ríos Ortiz, en donde se cometió violencia ácida.

La violencia ácida es un tipo de violencia en donde una persona, a manera de venganza, lastima a otra con sustancias toxicas, por lo que la víctima es desfigurada o lesionada, causando un daño irreversible o que incluso puede dejar al individuo incapacitado.

La secretaría de las mujeres hizo un llamado al Poder Judicial para que se haga responsable de lo ocurrido, con la liberación de los agresores de la saxofonista.

“Hacer un llamado también al Poder Judicial para que asuma la responsabilidad y para que trabajen en fortalecer a los juzgadores”, expresó Sarmiento Pérez, y agregó:

“Considero las mujeres tenemos que, desde los diferentes espacios, plantearnos la importancia de una reforma que nos permita acceder a la justicia pronta y expedita con perspectiva de género, de derechos humanos e interculturalidad. Me parece que esto hay que poner el dedo en la llaga de que este es el ejemplo de cuando un sistema no funciona”.

En entrevista, mencionó que con estas acciones se puede ver como continúa la visión patriarcal en los impartidores de justicia.

El 3 de noviembre del 2022 el Senado de la República avaló el proyecto para imponer de 7 a 13 años de prisión a quien ataque a mujeres con ácido.

Dicho dictamen plantea que esta pena aumente en dos terceras partes, cuando haya o hubiera existido alguna relación entre el agresor y la víctima.

Con 79 votos a favor y cero en contra, el Senado de la República aprobó las reformas al Código Penal Federal, para tipificar y sancionar con cárcel los ataques con ácido o sustancias químicas contra mujeres.

Sarmiento Pérez indicó que la Secretaría de las Mujeres le continuara brindando apoyo a María Elena en todo el proceso.

“El gobierno del estado de Oaxaca ha estado brindando el acompañamiento a casa de María Elena desde que inició el gobierno. Hay diferentes instancias que brindan atención a víctimas, han estado ahí desde la Secretaría por supuesto que estaremos haciendo las diligencias necesarias analizando las rutas para el acompañamiento y seguimiento a este caso que sabemos que, pues necesita atención prioritaria”.

“En el caso de la Secretaría de las Mujeres, nosotros contamos, pues con un centro de atención a mujeres víctimas de violencia, en este centro se brindan el acompañamiento jurídico y el acompañamiento psicológico, en este caso podría ser a ella y también a todas las mujeres que están viviendo alguna situación de violencia. Son las atenciones que nosotras brindamos y por supuesto generar mesas de trabajo para el seguimiento específico de sus necesidades”, mencionó la secretaria.

Comentó que desde el inició de la administración de Jara Cruz no se han registrado más casos de violencia ácida. Así mismo, indicó que en el estado la pena por cometer violencia ácida en contra de una mujer es de 20 a 30 años de prisión.

Hasta el mes de marzo de este año la “Ley Malena” se había tipificado en los estados de Oaxaca, Puebla, Baja California y Ciudad de México, esto bajo la figura de violencia ácida.

En los estados de Campeche, Chiapas, Coahuila, Durango, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas no se han descrito sanciones específicas para la violencia ácida.

Mientras que, en los estados de Aguascalientes, Hidalgo, Estado de México, Nayarit, Sinaloa, Querétaro y Quintana Roo los ataques con ácido se les considera como “delito neutro”, esto implica que no se considera con perspectiva de género.

En Chihuahua y Colima se les considera lesiones calificadas y en Jalisco como delito autónomo.

Dado que las personas que intentaron asesinar a la activista se le concedió la libertad, la seguridad de esta es prioritaria, a lo que la secretaria señaló:

“Malena, estoy sabedora de que contaba con las medidas cautelares propias del proceso judicial ahorita, tendríamos que entrar en una revisión de cuál es el estado que guardará el tema de las medidas cautelares y por supuesto que haremos lo correspondiente para garantizar su seguridad”.

Por su parte, el Fiscal General del Estado de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, también condenó la determinación del juez en el caso de la saxofonista.

"La determinación es una flagrante violación al derecho a la justicia de la víctima y deja un precedente de impunidad en nuestra entidad, que cuestiona el actuar del Poder Judicial en su deber de garantizar el acceso de todas las mujeres víctimas a gozar de justicia, verdad y reparación", compartió el fiscal a través de sus redes sociales.

cehr