Zacatecas: cae fiscal entre ola de violencia

En medio de una ola de violencia y de severos cuestionamientos por este motivo en el Congreso local, ayer se dio a conocer la renuncia de Francisco Murillo Ruiseco como titular de la Fiscalía General del Estado de Zacatecas, la cual tiene carácter irrevocable y se hará efectiva a partir del 31 de este mes.

Un día antes el Legislativo aprobó por unanimidad citarlo a comparecer para que dé explicaciones sobre “datos de la impunidad en los delitos de homicidio doloso, extorsión, secuestro, feminicidio, desaparición forzada, leva y desplazamiento forzado” del 2016 al 2023.

El pleno también acordó pedirle al fiscal un informe “sobre la situación del reclutamiento forzado, esclavitud y desplazamiento forzado que se viven en el estado de Zacatecas a causa de la operación de crimen organizado en la entidad”.

Durante la sesión plenaria, la oposición acusó a Murillo Ruiseco de incapacidad para investigar los delitos y procurar justicia, como parte de sus argumentos para solicitar su comparecencia.

Ayer, mientras se daba a conocer la decisión de Murrillo de renunciar, los medios locales reportaron el hallazgo de restos humanos que fueron esparcidos en dos puntos distintos de la capital.

Y un día antes un hombre fue ejecutado con varios impactos de arma de fuego en la calle Veta 2270 de la colonia Minera, en la cabecera municipal de Fresnillo.

En febrero del 2018, Francisco Murillo Ruiseco fue designado por el Congreso como fiscal general de Zacatecas a propuesta del entonces gobernador Alejandro Tello Cisterna, para un mandato que terminaría hasta el 2025.

Sin embargo, el funcionario decidió dar por concluida su gestión precisamente un día después de que en el Congreso fue puesta bajo la lupa toda su gestión.

Durante el tiempo en el que Murillo estuvo al frente de la FGEZ se cometieron varias atrocidades y crímenes de alto impacto, entre ellos al menos siete ataques a grupos de jóvenes, con saldo global de 20 muertos y diez desaparecidos.

Además, el 24 de noviembre del año pasado fue asesinado José Urzúa Padilla, quien era comandante de la Guardia Nacional en la entidad.

Y una semana después, el 4 de diciembre, fue ejecutado el juez penal Roberto Elías Martínez, cuando salía de su domicilio, ubicado en el municipio de Guadalupe.

Uno de los crímenes que más impacto causó entre la clase política y los juristas del estado fue el asesinato del abogado Raúl Calderón, por el que permanece prófugo el exalcalde de Guadalupe, Julio César Chávez.

A Francisco Murillo también se le habían complicado las cosas en su propia casa, ya que a partir del pasado 13 de agosto, trabajadores de la Fiscalía iniciaron una serie de protestas que incluyeron la toma de las instalaciones del órgano de justicia durante varios días.