CAMSA quiso regularizarse después de tragedia migrante

Hasta enero del 2023, Grupo de Seguridad Privada CAMSA, S.A. de C.V., tenía registrados 30 trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Ssocial (IMSS), cifra que aumentó a 44 en febrero, pero el 31 de marzo, es decir cuatro días después de la tragedia de Ciudad Juárez, la empresa encargada de la seguridad privada del centro de retención migrante dio de alta a 417 trabajadores.

Así, al momento, de acuerdo con las autoridades, suman 478 empleados dados de alta en el sistema de seguridad social, aunque no aclaró cuántas bajas se dieron.

Derivado de ello, el IMSS emitió una opinión negativa de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social contra esta compañía, cuyos elementos custodiaban la estación migratoria incendiada el lunes antepasado y en la que murieron cuatro decenas de extranjeros.

Adicionalmente, del análisis realizado a los contratos con Grupo de Seguridad Privada CAMSA, por parte del Instituto Nacional de Migración (INM), se indicó que se derivó la existencia de un primer contrato con una vigencia del 1 de marzo al 31 de diciembre del 2022, por el que se erogaron 151 millones 439 mil 389 pesos.

En una tarjeta informativa, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) indicó que se dio continuidad al contrato y para el periodo del 1 de marzo al 31 de diciembre de este 2023, se estableció uno nuevo por un monto mínimo de 76 millones de pesos y un máximo de 190 millones. Aclaró que este contrato será rescindido y que el INM no ha erogado monto alguno para este último e incluso el 28 de marzo dio vista al Órgano Interno de Control, debido a las irregularidades de la empresa.

Asimismo, se indicó que, para el caso del convenio modificatorio del 2023, que cubrió el periodo enero-febrero de este año, el monto erogado fue de 29 millones 335 mil 668 pesos, con 503 elementos por turno.

En informes previos, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana estableció que la empresa de seguridad privada incurrió en varias omisiones ante las autoridades.

Ante ello, se inició el sábado 1 de abril el proceso para rescindir el contrato con el Instituto Nacional de Migración, que ganó por adjudicación directa.

Entre las anomalías que fueron encontradas, se mencionó que CAMSA ofrecía servicios diferentes a los que le fueron autorizados bajo el nombre Grupo Tank, además de que operaba con cuatro elementos, cuando había reportado 503 personas ante las autoridades.

“La empresa sólo había solicitado un permiso para cuatro personas y 10 uniformes, eso había solicitado, no solicitó 503 elementos y mucho menos vehículos; era una empresa pequeña que estaba dentro de los cientos de empresas que hay en el país”, dijo la SSPC.

También ayer se resaltó que se realizó una reunión del Grupo de Acción Inmediata (GAI), con personal de las secretarías de Relaciones Exteriores, Gobernación y Seguridad y Protección Ciudadana, así como de la Fiscalía General de la República, el Instituto Nacional de Migración, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y representantes de El Salvador, Honduras, Guatemala y Venezuela, con el fin de informar a las naciones mencionadas sobre el apoyo que se brinda a sus connacionales y sobre las acciones que se coordinan para atender a los afectados de la tragedia de Ciudad Juárez.

Muere otra víctima tras ser trasladada a la CDMX

Un migrante más murió tras el incendio del pasado 27 de marzo en un centro de detención de Ciudad Juárez, Chihuahua, con lo que ya son 40 los fallecidos, luego de que seis de las víctimas fueron trasladadas al Centro Nacional de Investigación y Atención al Paciente Quemado (CENIAQ) y al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), en la Ciudad de México, con el objetivo de dar una atención más especializada a las personas que continúan en situación grave.

En una tarjeta informativa, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) señaló que el migrante que perdió la vida sería atendido en el CENIAQ, pero falleció al llegar a ese lugar después de las maniobras del traslado, por lo que se suma a la lista de fallecidos, con un total de 40 personas, además de 27 lesionadas.

“Lamentablemente una de las víctimas perdió la vida al llegar al CENIAQ, por lo que al momento se registran 40 personas fallecidas y 27 heridas, de las cuales 23 permanecen hospitalizadas. Este lunes continuará el arribo de más víctimas a la capital del país, a fin de que reciban la atención especializada que requieren, dada su condición de salud”, explicó.

Se indicó que, en el caso de los pacientes en estado de “pre-alta”, que al momento son cinco, fueron canalizados a un hospital temporal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Ciudad Juárez, lo que permitirá tener en un mismo espacio a quienes presentan una mejoría notable.

La SSPC mencionó que de esta manera se podrá avanzar en los trabajos que realizan la Fiscalía General de la República (FGR) y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), cuyo personal entrevista a quienes resultaron afectados y les brindan asistencia a ellos y a sus familias.

En el caso de quienes fueron trasladados a la Ciudad de México, se informó que fue por medio de ambulancias aéreas de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina y del IMSS, que se pudo transportar a los pacientes.

“Lo ocurrido el pasado 27 de marzo en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, es un hecho muy doloroso para nuestro país, así como lo es para las naciones hermanas de donde son originarias las víctimas de esta terrible tragedia”, indicó la dependencia federal en su comunicación.

Asimismo, las autoridades subrayaron que, como Gobierno, “tenemos una política de cero corrupción y cero impunidad, por lo que llegaremos hasta las últimas consecuencias. No se protegerá a nadie. La política migratoria se basa en el principio de respeto a los derechos humanos”.

La SSPC también apuntó sobre el seguimiento que se le dará médicamente a los migrantes que resultaron afectados por los hechos registrados hace una semana y en los que hubo pérdidas humanas.

Finalmente, fuentes locales en Ciudad Juárez indicaron que el venezolano Eduardo de Jesús Caraballo López, de 26 años de edad, fue el primer migrante en recibir atención médica por lesiones en el Hospital de la Familia y se encuentra recuperado, además de obtener el apoyo humanitario en Estados Unidos, a través de la Oficina de Manejo de Emergencias.

“Es un crimen de Estado”: viceministra de El Salvador

La viceministra de Diáspora y Movilidad Humana del Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador, Cindy Mariella Portal, demandó al Gobierno de México que se haga responsable por el “crimen de Estado” en el que perdieron la vida los migrantes en el incendio en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Ante medios de comunicación, a las afueras de la delegación en Ciudad Juárez de la Fiscalía General de la República (FGR), la funcionaria señaló que ya ha habido recomendaciones por parte de instituciones de derechos humanos por todas las atrocidades y no se ha hecho nada en materia migratoria.

“México se tiene que hacer responsable de todo lo que ha hecho (…) Es un crimen de Estado, que así lo está catalogando mi gobierno, nosotros exigimos justicia y condenamos este hecho, que esperamos no se pueda repetir, pese a que ya ha habido recomendaciones de instituciones de derechos humanos a nivel nacional e internacional por las atrocidades del pasado, nunca se hizo nada, son siete los fallecidos”, expuso.

La viceministra urgió a que haya una “pronta reparación” por parte del Estado mexicano a las víctimas de lo que llamó una “masacre que el Gobierno mexicano ha dado a nuestros migrantes”.

Aseveró que su gobierno conoció de lo sucedido primero por redes sociales y fue hasta el martes 28 de marzo cuando hubo una comunicación oficial.

“La diplomacia se hace a un lado cuando se trata de perder vidas de nuestros connacionales”, señaló.

La funcionaria salvadoreña insistió en que los responsables de las decisiones que derivaron en la muerte de los migrantes deben pagar con cárcel.

Asimismo, acusó que la estación migratoria de Ciudad Juárez es una “cárcel clandestina” donde se tenía recluidos a 12 salvadoreños luego de ser devueltos desde Estados Unidos el 24 de marzo.