Reforma judicial: IP de EU pide diálogo; “irreductible”, elección de jueces: Morena

Al asegurar que vive un momento crítico la democracia mexicana, Larry Rubin, presidente de American Society of Mexico (Amsoc), hizo un llamado enérgico a la Cámara de Diputados para realizar un análisis exhaustivo y amplio sobre la reforma judicial, y que no se apruebe de forma acelerada e irresponsable, ya que puede poner en riesgo los acuerdos internacionales y la confianza de los inversionistas.

“Es imperativo que se escuche y se considere cada preocupación, artículo por artículo, tema por tema. Un proceso apresurado no solo traiciona el espíritu democrático, sino que también amenaza con desestabilizar la confianza en uno de los poderes del Estado”, afirmó.

En un posicionamiento sobre las reformas constitucionales en materia judicial y de desaparición de los organismos autónomos, Rubin informó que este domingo visitará la Cámara de Diputados y ya solicitó audiencias con los diversos coordinadores parlamentarios.

“Solicitaré formalmente la instalación de una mesa de diálogo, en la cual he convocado a líderes clave de la inversión internacional, que representan aproximadamente 80 por ciento de la inversión extranjera directa en México, no sólo estadounidense. Nuestro objetivo es continuar revisando esta reforma, artículo por artículo junto con equipos técnicos, y emplazar a los legisladores a una discusión seria, abierta y transparente”, agregó.

El empresario recordó que en países de la OCDE, reformas de esta magnitud han requerido un análisis exhaustivo y un diálogo amplio que se ha extendido por años, no por días.

“Pretender aprobar una reforma de esta envergadura en donde se modifica drásticamente el funcionar de uno de los tres poderes autónomos de la nación en tan solo tres días en la Cámara de Diputados es un acto que socava la calidad del proceso legislativo y pone en riesgo la estabilidad y la credibilidad del sistema judicial en México”, advirtió.

Por ello, planteó la necesidad de abrir un diálogo genuino y constructivo con el sector privado, el cual ha expresado preocupaciones legítimas sobre el impacto y las implicaciones de esta reforma.

“Es alarmante que los comentarios y observaciones que la iniciativa privada compartió durante los foros organizados en todo el país no hayan sido tomados en cuenta en la propuesta actual.

Esto no solo es un desaire a los actores clave en la economía, sino también un claro indicio de que el diálogo real ha sido sustituido por una simulación”, denunció.

El presidente de American Society of Mexico instó a la nueva legislatura, que inicia funciones el primero de septiembre, a asumir con responsabilidad su papel histórico en la discusión de esta reforma.

“Este no es un momento para simulaciones; es un momento para un diálogo real y significativo que beneficie a todos los mexicanos”, opinó.

Advirtió que, además de la reforma al Poder Judicial, estarán atentos a otros cambios constitucionales que podrían tener un impacto directo en la inversión extranjera, como la propuesta de desaparición de los órganos autónomos.

“Estas reformas no solo plantean serios riesgos para la estabilidad democrática, sino que también podrían derivar en violaciones al T-MEC, particularmente en sus artículos 18, 21 y 22. Esto no solo complicará aún más la revisión del tratado en 2026, sino que también podría desencadenar disputas internacionales que afectarían gravemente la inversión en México”, subrayó.

Larry Rubin mencionó que “es crucial que estas implicaciones sean consideradas a fondo antes de proceder con cualquier reforma que pueda poner en riesgo los acuerdos internacionales y la confianza de los inversionistas”, concluyó. 

Urge HRW a rechazar reformas de Plan C

Human Right Watch se pronunció en contra de las reformas del Gobierno federal y pidió a los legisladores del Congreso de la Unión rechazar iniciativas como la reforma al Poder judicial o la desaparición de los organismos autónomos, ya que socavarían la independencia judicial, la privacidad y la rendición de cuentas.

Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch explicó que las propuestas también podrían conducir a un aumento de abusos militares y detenciones arbitrarias.

De acuerdo con el organismo, las propuestas ampliarían la prisión preventiva automática, sustituirán el actual proceso de nombramientos judiciales por elecciones populares y eliminarían las restricciones constitucionales que prohíben a los militares llevar a cabo funciones civiles.

Además, detalla que desaparecerían la entidad independiente y garante de la privacidad y la transparencia gubernamental del país.

Human Right Watch externó su preocupación por la reforma al Poder Judicial que prevé la elección de jueces, ministros y magistrados a través del voto popular; la reforma de simplificación orgánica que desaparece organismos autónomos como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).

Además de la ampliación de delitos graves en el artículo 19 de la Constitución en torno a la prisión preventiva oficiosa; y el traslado de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Juanita Goebertus detalló que existe un gran riesgo, “dado el largo historial de graves abusos y encubrimientos oficiales en México; los legisladores deberían adoptar medidas para fortalecer las protecciones de los derechos humanos, no para debilitarlas”, dijo.

Agregó que los jueces federales actualmente en servicio, aproximadamente mil 650, serían separados de sus cargos y sustituidos en elecciones en 2025 y 2027. De esta manera, la iniciativa obligaría a todas las legislaturas estatales a realizar cambios similares en sus sistemas de justicia estatales en un plazo de 180 días, lo que afectaría a unos 5 mil jueces y magistrados estatales.

Indicó que la propuesta también reduciría el tamaño de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), acortaría los mandatos de sus miembros y sustituirá a los actuales en unas elecciones especiales en 2025.

También permitiría a los jueces conocer casos de presunta delincuencia organizada de forma anónima, de tal manera que los imputados no conozcan la identidad del juez a cargo del caso.

Las cuatro iniciativas forman parte de una serie de 18 propuestas de cambios constitucionales que el Presidente saliente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso de la Unión en febrero pasado.