Paro de actividades divide a los trabajadores del Poder Judicial

El paro de actividades en el Poder Judicial de la Federación (PJF), que está por cumplir un mes, dividió a los trabajadores, pues una parte de ellos aseguró que no hay condiciones para reactivar las tareas, mientras que otra sostuvo que ya hay un acuerdo para retomar las labores el próximo miércoles, cuando también regresen los jueces y magistrados.

Patricia Aguayo, vocera de los servidores públicos del PJF, aseguró que a través de un acuerdo con la base trabajadora el paro es indefinido y “con total independencia de que el Consejo de la Judicatura nos haya puesto como fecha límite el 11 de octubre”, posición que contrasta con la de otro bloque de trabajadores, que reconoce el pronunciamiento de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del PJF (Jufed), la cual se expresó por terminar el paro el próximo martes y regresar a los juzgados el miércoles.

Además, en medio de este diferendo, algunos trabajadores expresaron su incertidumbre, al señalar que con la medida de levantar el paro prácticamente estarían sumándose a las filas del desempleo; dijeron que no tienen la posibilidad de acceder a retiros adecuados y no ven factible tampoco poder postularse a los puestos para ser sometidos a voto popular, como prevé la reforma judicial.

La maestra Aguayo Bernal dijo a La Razón que “no estamos en condiciones de regresar a laborar”, pues la semana pasada se llevaron a cabo mesas con el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) en las que se entregó un pliego petitorio, el cual dijo, no se ha cumplido.

Entre las peticiones estaba el cumplimiento de las suspensiones de amparo, concedidas por varios jueces federales para no entregar las listas de jueces y magistrados al Senado de la República. Patricia Aguayo aseguró que dicho punto no se cumplió y cuestionó: “Si el Consejo de la Judicatura no cumple, ¿por qué nosotros vamos a cumplir?”.

Explicó que una carta de buenas acciones, la cual también fue emitida, no es suficiente, pues “eso no garantiza que nos vayan a cumplir, como tampoco cumplieron las suspensiones que nosotros les pedimos que respetaran”.

Mientras tanto, Alejandro Pérez Luna, trabajador judicial, dijo que, tras la consulta realizada por la Jufed, algunos trabajadores acordaron finalizar el paro el martes 15 y retomar las actividades el 16 de octubre.

Sin embargo, destacó que los trabajadores han expuesto lo que viven al tener que dejar sus puestos con una pensión menor a la que tendrían con el régimen anterior a la reforma judicial, donde les solicitan más requisitos para jubilarse, además de que ven nulas posibilidades para postularse como jueces en una elección popular, por lo que se dijeron “condenados al desempleo”.

A decir de otros juzgadores, quienes solicitaban su pensión complementaria por jubilación anticipada en el régimen anterior podían obtener hasta el 80 por ciento de su sueldo, pero con la modificación, si un juez o magistrado decide solicitar su jubilación anticipada a los 56 o 57 años de edad o menos, sólo podrá obtener un máximo del 53 por ciento.

Además, el sistema de pensiones no especifica qué ocurrirá con aquellos juzgadores menores a 50 años y eso es lo que alegan los juzgadores, que en su mayoría no cumplirían con el total de los requisitos.

“Hay un número considerable de juezas y jueces, por no decir la mayoría, que no entramos ni de cerca en el plan de retiro voluntario que ofrecieron a juzgadores, no respetaron la carrera judicial; te piden someterte a una elección y nosotros, al no ser políticos, no podemos aspirar a ello, esto nos pone en desventaja”, señaló la jueza Yasmín Murillo.

Respecto a la resolución en la que el pleno del CJF instruyó “realizar el estudio de un programa de retiros voluntarios”, ante la petición de las asociaciones de que se otorgue una auténtica reparación integral a los juzgadores que decidan que la reforma “es incompatible con su proyecto de vida”, la jueza Terán señaló que los más de mil 600 juzgadores del país están en incertidumbre; y es que algunos saben que no alcanzarán los requisitos mínimos para entrar al plan de retiro anticipado de la Judicatura, “empezando por la edad y otros requisitos que no han sido evaluados”.

La jueza señaló que para ellos es claro que, una vez que reciban su liquidación, formarán parte de las filas del desempleo.

“La mayoría de nosotros no obtuvimos un plan de retiro, nos vamos sin trabajo en uno o tres años, a menos que ganemos una elección, y como no somos políticos, veo difícil ganar una elección; la resistencia está en otros lados, en la defensa internacional y nacional; nosotros sólo estamos ahora a la espera”, señaló.

Según la Ley Federal del Trabajo (LFT), los impartidores de justicia tendrán derecho a recibir tres meses de salario, más 20 días de sueldo por cada año laborado, lo que implicará un gasto millonario para el nuevo Gobierno federal, considerando que, de acuerdo con los tabuladores de salarios del PJF según fuentes judiciales, los sueldos de jueces y magistrados en el ámbito estatal y local van desde los 40 mil hasta los 70 mil pesos mensuales.

Un trabajador del Poder Judicial que prefirió conservar el anonimato señaló que, de actuar conforme al acuerdo que se realizó vía la Judicatura, “la administración federal tendrá que destinar dos mil 784 millones de pesos únicamente para pagar las liquidaciones de los mil 600 jueces y magistrados federales a quienes se les rescinda el contrato”.

Recordó que la tómbola definió al personal que se destituirá en el 2025 y a quienes ocurrirá de igual manera en el 2027, contemplando que primero será a un 50 por ciento del total de jueces, y el otro 50 por ciento en los próximos dos años. Además, aquellos impartidores de justicia que sean despedidos no podrán competir por un cargo similar en al menos 10 años, según lo establece la ley.