Repudian exoneración de juez a Vera Carrizal

La titular de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, Anahí Sarmiento Pérez, solicitó la separación del cargo del juez José Gabriel Ramírez Montaño, quien absolvió a los tres presuntos agresores de la saxofonista, María Elena Ríos Ortiz.

En entrevista con La Razón, y antes de darse a conocer que el Poder Judicial de Oaxaca revirtió la decisión, la funcionaria estatal respaldó la postura del gobernador, Salomón Jara Cruz, y condenó la liberación, pues consideró que en el proceso no hubo perspectiva de género.

“Solicitamos la separación del cargo para que se fijen responsabilidades ante este acto de impunidad que afecta no solamente a María Elena sino a todas las mujeres de Oaxaca, porque es un acto de impunidad y el mensaje que se manda a los agresores es que pueden cometer delitos y van a quedar sin ninguna consecuencia y van a quedar impunes”, declaró.

El intento de feminicidio en contra de la también activista ocurrió el 19 de septiembre de 2019, en el municipio de Huajuapan de León, Oaxaca, cuando Ruvicel Hernández Ríos y Rubén Loaiza Chávez le arrojaron ácido. Juan Antonio Vera Carrizal, exdiputado y expareja de la música, fue señalado como el autor intelectual del crimen.

Previamente, Jara Cruz condenó que un juez decretara la liberación de los agresores de Ríos Ortiz, lo que era una muestra de lo corrupto del Poder Judicial (PJ).

“La terrible absolución y liberación de Juan Antonio Vera Carrizal es una muestra más de la corrupción y putrefacción del Poder Judicial. Condeno enérgicamente el fallo de un juez criminal y cómplice del victimario, que lastima a la justicia y a todas las víctimas de la violencia feminicida. Es hora de reformar el Poder Judicial para que en Oaxaca no prevalezca la impunidad”, dijo en redes sociales.

Sarmiento Pérez señaló que la determinación del juez en este caso vulnera sus derechos y los de todas las mujeres: “Hay un sistema de justicia que está siendo omiso con los derechos de las mujeres, que está encubriendo a los violentadores y que, como tal, es necesario pensar en una profunda reforma que nos lleve a las mujeres a tener la garantía de tener sentencias y juzgadores con perspectiva de género.

“Para que de esta forma, se logren sentencias que sean ejemplares y logremos, también, tener una disminución en los delitos. Lamentablemente, este acto, que cae en la responsabilidad del sistema de justicia y en el tribunal de justicia, pues es muestra de que aún hace falta mucho trabajo por hacer para sensibilizar a los funcionarios públicos que están al frente”, expuso.

Enfatizó que es importante que los juzgadores y las autoridades actúen con perspectiva de género, sobre todo en casos como el de Ríos Ortíz, en donde se cometió violencia ácida.

La violencia ácida es un tipo de agresión en el que una persona, a manera de venganza, lastima a otra con sustancias corrosivas, por lo que la víctima es desfigurada o lesionada, causando un daño irreversible o que, incluso, puede dejar al individuo incapacitado.

La secretaria de las Mujeres hizo un llamado al PJ para que se haga responsable de lo ocurrido, con la liberación de los agresores de la saxofonista.

“Hacer un llamado también al Poder Judicial para que asuma la responsabilidad y para que trabajen en fortalecer a los juzgadores. Considero que sí que tenemos las mujeres, desde los diferentes espacios, plantearnos la importancia de una reforma que nos permita acceder a la justicia pronta y expedita con perspectiva de género, de derechos humanos e interculturalidad. Me parece que hay que poner el dedo en la llaga de que éste es el ejemplo de cuando un sistema no funciona”, dijo Sarmiento.

Expresó que con estas acciones se puede ver cómo continúa la visión patriarcal en los impartidores de justicia.

El 3 de noviembre del 2022 el Senado avaló por unanimidad reformas al Código Penal Federal para imponer de 7 a 13 años de prisión a quien ataque a mujeres con ácido. Dicha pena aumenta en dos terceras parte, cuando haya o hubiera existido alguna relación entre el agresor y la víctima.

La funcionaria indicó que la Secretaría de las Mujeres continuará con el apoyo en favor de María Elena Ríos Ortiz en todo el proceso.

“El Gobierno del estado de Oaxaca ha estado brindando el acompañamiento a María Elena, hay diferentes instancias que brindan atención a víctimas, han estado ahí. Desde la secretaría, por supuesto que estaremos haciendo las diligencias necesarias, analizando las rutas para el acompañamiento y seguimiento a este caso que sabemos que necesita atención prioritaria.

“En el caso de la Secretaría de las Mujeres nosotros contamos con un centro de atención a mujeres víctimas de violencia, en este centro se brindan el acompañamiento jurídico y el acompañamiento psicológico, en este caso podría ser a ella y también a todas las mujeres que están viviendo alguna situación de violencia. Son las atenciones que nosotras brindamos y, por supuesto, generar mesas de trabajo para el seguimiento específico de sus necesidades”, mencionó.

La funcionaria comentó que desde el inició de la administración de Jara Cruz no se han registrado más casos de violencia ácida. Además, indicó que en el estado la pena por cometer violencia ácida en contra de una mujer es de 20 a 30 años de prisión.

Hasta marzo de este año la Ley Malena se había tipificado en los estados de Oaxaca, Puebla, Baja California y Ciudad de México, esto bajo la figura de violencia ácida.

En los estados de Campeche, Chiapas, Coahuila, Durango, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas no se han descrito sanciones específicas para la violencia ácida.

Mientras que en Aguascalientes, Hidalgo, Estado de México, Nayarit, Sinaloa, Querétaro y Quintana Roo los ataques con ácido se les considera como “delito neutro”, esto implica que no se considera con perspectiva de género. En Chihuahua y Colima se les considera lesiones calificadas y en Jalisco como delito autónomo.

La funcionaria señaló que la seguridad de María Elena es prioritaria: “Malena, estoy sabedora de que contaba con las medidas cautelares propias del proceso judicial. Ahorita, tendríamos que entrar en una revisión de cuál es el estado que guardará el tema de las medidas cautelares y, por supuesto, que haremos lo correspondiente para garantizar su seguridad”.

Por su parte, el titular de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, también condenó la determinación del juez en el caso de la saxofonista.

“La determinación es una flagrante violación al derecho a la justicia de la víctima y deja un precedente de impunidad en nuestra entidad, que cuestiona el actuar del Poder Judicial en su deber de garantizar el acceso de todas las mujeres víctimas a gozar de justicia, verdad y reparación”, compartió a través de sus redes sociales.